Médicos de diversos países han asociado estos problemas de salud a la actividad minera, o a factores medioambientales provocados por esa industria. Este sábado y domingo un Tribunal Popular Internacional de Salud que se hace en la localidad guatemalteca de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, buscará denunciar los abusos de Goldcorp en América Latina.

Las comunidades de San Miguel Ixtahuacán (donde está la mina “Marlin”), del hondureño Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán (mina “San Martín”), y de Carrizalillo, en el estado mexicano de Guerrero (mina “Los Filos”), contarán los impactos de Goldcorp sobre la salud y el medio ambiente en sus territorios.

En entrevista con Radio Mundo Real, el dirigente mexicano Gustavo Lozano, que está trabajando en la organización del Tribunal de Salud, dijo que esa instancia no sólo se centrará en la salud física. Lozano, que es integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), que a su vez forma parte del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), apuntó que “también hablamos de la salud comunitaria”. “Una mina divide a las comunidades, las confronta”, porque hay pobladores que la apoyan y otros que la rechazan. De esa forma se genera una confrontación, “se rompe el tejido social”.

El dirigente contó además que en San Miguel Ixtahuacán “ha aparecido la prostitución, algo que no existía, hay una violencia machista mucho más exacerbada”. “El alcoholismo también ha ido en incremento”, agregó. Muchas veces los grandes emprendimientos en pequeñas comunidades, con la llegada de grandes capitales y de mucha gente de fuera de esas regiones, generan actividades y costumbres ajenas a esos territorios. Es algo que se constata en diversas partes de América Latina.

Lozano sumó un tercer aspecto a la hora de hablar del perfil sanitario de las comunidades afectadas por Goldcorp, y que el Tribunal quiere tener en cuenta. Fue así que mencionó a la “salud psico social, la cuestión que tiene que ver con el miedo de las personas a lo que será de sus vidas”. “Los integrantes de una comunidad pierden el control de su vida cuando una minera llega y se les pone al lado, es una cuestión gravísima porque la gente ya no sabe a qué atenerse”, explicó.

El Tribunal de Salud fue convocado por la Red en Solidaridad con Comunidades Afectadas por Injusticias Mineras (MISN), el M4, el Frente de Defensa Miguelense (FREDEMI), la Comisión parroquial Kolol Qnan Tx’otx’ de San Miguel Ixtahuacán y la Coalición Internacional contra la Minería Injusta en Guatemala (CAMIGUA). Se espera que participen unas 500 personas entre integrantes de comunidades afectadas por la minería de varios países latinoamericanos, científicos, académicos, líderes espirituales, periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros.

Radio Mundo Real preguntó a Lozano por qué se eligió a Goldcorp como objetivo a denunciar en el Tribunal. La empresa está presente en varios países de América Latina, con una veintena de proyectos en la región y Canadá, contando los emprendimientos ya operativos y los que están planificados. Pero además, Goldcorp “tiene unas prácticas corporativas digamos poco amables con las personas de las comunidades en las que se instala”, alertó Lozano. “Y se ha detectado también que la empresa ha corrompido a las autoridades locales para poder llevar adelante su trabajo, que no respeta el marco jurídico de los Estados, y que provoca daños terribles”. El dirigente agregó que la corporación canadiense tampoco se caracteriza por respetar y cumplir los procesos de consulta previa, libre e informada que deben garantizarse a las comunidades locales, para que ellas expresen su voluntad con respecto a los emprendimientos mineros.

Los gobiernos no parecen ser de ayuda, según la mirada del integrante de REMA y el M4. “Evidentemente hay un ambiente de tolerancia de nuestros Estados a las violaciones de derechos fundamentales de las poblaciones”, fustigó el dirigente mexicano.

El Tribunal de Salud no tiene carácter vinculante. Se trata de una instancia política, ética, que ha servido para sistematizar información sobre los impactos de Goldcorp en las comunidades de San Miguel Ixtahuacán, Valle de Siria y Carrizalillo. No obstante, sus organizadores esperan que esa información y el fallo de los jueces el fin de semana sirvan para iniciar acciones jurídicas vinculantes en Guatemala, Honduras y México.

Sobre el final de la charla Lozano destacó que el Tribunal de Salud tiene un objetivo ulterior: “incidir en los gobiernos de cada país a través del pronunciamiento del Jurado del Tribunal, para que se encaminen a garantizar los derechos humanos de las comunidades afectadas, su salud integral, y también la autodeterminación de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente”.

Además, será un momento para “visibilizar mediáticamente, políticamente y socialmente lo que está pasando en las comunidades”, a fin de “alertar a otras comunidades” que tienen la “amenaza” de instalación de una mina, porque es importante que se organicen antes de la llegada de la empresa.

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