Esa es justamente la principal conclusión del ámbito en el que participaron expertos nacionales e internacionales: el golpe de Estado instauró un gobierno “ilegal”, encabezado por Roberto Micheletti, que estuvo vigente hasta enero de 2010.

"Esta comisión ha reconocido prácticamente lo que es la violación a la Constitución y todos los delitos que se cometieron contra la Carta Magna de Honduras", interpretó Zelaya, pocas horas después de conocido el resultado del informe.

La Comisión, según Zelaya, ratificó de manera “tácita y explícita” los aspectos más importantes que venía manejando la resistencia hondureña respecto a la ilegalidad del régimen de facto, aunque quedaron “varios elementos importantes” en este proceso de investigación que no fueron mencionados.

La referencia es clara: en el informe no hay un pronunciamiento sobre las elecciones ilegítimas que llevaron al poder a Porfirio Lobo y tampoco sobre las violaciones a los derechos humanos que se registraron durante esta triste etapa de la historia de Honduras.

En la elaboración del trabajo, que utiliza el término “régimen de facto” para referirse al período de Micheletti, participaron el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, el diplomático canadiense Michael Kergin y la abogada peruana María Zavala Valladares como representantes de la comunidad internacional, mientras que una de las referentes hondureñas en la comisión es la actual rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos, según informó Prensa Latina.

“Es una excelente noticia que se reconozca que es un golpe de Estado”; “sería importante que se conocieran otras verdades” y “no hay menciones a las violaciones de los derechos humanos”, son algunas de las frases que pueden escucharse en un reporte de ALER sobre el balance del informe que presentó el jueves la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.