En este caso fue la Organización de Estados Americanos (OEA), que exige una paralización de las obras como consecuencia de una denuncia de organizaciones opositoras al megaproyecto, que vaticinan que los impactos sobre el río Xingú provocarán el desplazamiento de unas 50 mil personas.

La denuncia ante la OEA la presentó el movimiento Xingú Vivo para Siempre, que responsabiliza al Poder Ejecutivo por no cumplir con las consultas previas en las comunidades indígenas que se verían perjudicadas por las obras.

El organismo pidió que se le envíe toda la documentación vinculada a los procesos de entrega de licencias en el Ministerio Público Federal (MPF) y la fundamentación técnica que terminó beneficiando a la empresa Norte Energía en la adjudicación de las obras, según informó la Radioagencia de Noticias do Planalto.

Norte Energía ya cuenta con la aprobación, adoptada a finales de diciembre, de un préstamo de 500 millones dólares del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para las obras.

Han sido múltiples las voces que se han levantado contra la represa Belo Monte, un proyecto de la última dictadura militar que fue reflotado por la administración del ex presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva.

Una de las advertencias más gráficas está plasmada en un documento de comunidades indígenas de diciembre de 2009: allí se decía que si la postura gubernamental no cambiaba el Xingú podría convertirse en un “río de sangre”, según recuerda la agencia Servindi.

Un reporte de Radio Rural de Brasil, que recogió el portal español Más Voces, hace referencia a la crisis que se ha generado entre la OEA y el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Foto: www.masvoces.org