En la zona se encuentra la Radius Gold Corporation, empresa canadiense con una contraparte de las Explotaciones Mineras de Guatemala (Exmingua). Servicios Mineros de Centroamérica es la filial que genera el trabajo de convencimiento a la población y de la llamada responsabilidad social corporativa.

Para Antonio Reyes, dirigente del proceso de defensa del territorio, “no hacen más que aprovecharse de la miseria de la gente, y de los conocimientos de la gente, para metérselos a la bolsa y que después esas personas les apoyen a ellos”.

La concesión para la explotación es por 25 años y tiene una extensión de 20 kilómetros cuadrados, en donde se proyectan aproximadamente 14 emprendimientos mineros. En esa extensión territorial está incluida la cabecera municipal de San José del Golfo y la aldea más grande, la Choleña. También quedan bajo la concesión comunidades del vecino municipio San Pedro de Ayampuc. Con la aparición de la explotación se pone en riesgo a 5000 familias que dependen de la agricultura para su subsistencia y quienes quedarían automáticamente sin trabajo, sin fuentes para producir su alimento y sin la posibilidad de resolver sus necesidades básicas.

“La empresa minera viene a ofrecerle desarrollo económico a las familias y a las comunidades, y tienen el descaro de sacar volantes donde dice que traen desarrollo económico y que van a generar 70 empleos por 5 o 7 años. Luego se van y la gente se queda sin empleo mientras que las 5000 familias que viven de la agricultura se quedarían sin fuente de trabajo para toda la vida”, manifestó Reyes al ser entrevistado por Radio Mundo Real.

El agua no es abundante en la zona en la que se encuentra el proyecto de explotación, lo que pone en alerta a las comunidades organizadas frente a la minería, pues encuentran incompatible dicho proyecto con la garantía de disponibilidad de aguas y con la fertilidad de los suelos. Asimismo, los proyectos de infraestructura, como la pavimentación de la carretera, no tendrían ningún beneficio comunitario, se realizarían para la explotación y el beneficio de la trasnacional, mientras que las aguas desaparecerían.

“Una compañera acompañada por otras mujeres y otros compañeros iniciaron la resistencia el 2 de marzo de 2012 […] venía una máquina y ella se indignó tanto de ver cómo ellos impunemente y sin informarnos, sin nuestro consentimiento estaban entrando y haciendo movimientos de tierra y deforestación, atravesó el carro y les dijo de acá no pasan y no pasan, ahí mismo empezó a juntarse la gente” señaló Reyes. Para el líder comunitario, la indignación de la población ha contribuido a que los diferentes grupos sociales y étnicos hayan encontrado un objetivo común: querer vivir, independientemente de bandera política partidista, de religión, de grupo étnico o de sector social, todas y todos quieren vivir y están apuntando a la conservación del agua en cantidad y calidad suficientes.

A medida que pasan los meses de resistencia y la comunidad organizada mantiene el bloqueo a la entrada de la mina, la situación se hace más tensa, pues la empresa paga grupos de gente de la región para que entren en confrontación con los manifestantes, estrategia que representa una clara polarización en la zona y división comunitaria.

No obstante la tensión que se vive allí, y el interés de la población por la convivencia entre las y los habitantes, Reyes señaló que se mantendrán en lucha y movilización pacífica, “estamos totalmente convencidos que es la única forma de que el gobierno y los mineros no hagan lo que se les antoje hacer, y estamos convencidos totalmente que tenemos derecho a hacerlo legalmente, y estamos convencidos que no nos importan morir [...] esperamos que no suceda y si sucede pues no importa porque eso lo que haría es fortalecer más la resistencia”.

Escuche la entrevista con Reyes en audio adjunto.

Foto: Víctor Barro