El derecho a la vida con dignidad, los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria permitiendo la venta directa de los productos campesinos, la reivindicación de la democracia y respeto a los DDHH y la recostrucción de las economías campesina y agropecuaria forman parte de los catorce puntos consensuados en el Mandato Agrario.

“Hablamos de una economía para el Buen Vivir que implica políticas medioambientales con la asistencia técnica que verdaderamente necesiten las comunidades campesinas”, señaló Liliana, apuntando que en función de esa plataforma se ha plantado resistencia a los tratados de libre comercio, entre otras iniciativas gubernamentales.

El CNA forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC- Vía Campesina) y como tal participó a través de su comunicadora Liliana Ortega en el encuentro de comunicadores donde se compartieron experiencias de comunicación dirigidas a la incidencia en políticas públicas.

“La inexistencia de soluciones hacen permanente la migración del campo a la ciudad, donde no existen opciones para que el campesino desarrolle su labor”, dijo Liliana, lo cual no se resuelve con el generalizado “subsidio de desplazado” que se extiende durante tres meses. “A través de las mesas instaladas como parte del Mandato Agrario, queremos que el campesino pueda regresar a su tierra sin temor”.

La activista señaló que el gobierno de Álvaro Uribe nunca cumplió los términos de los compromisos que fueran asumidos durante su administración por la presión ejercida por la alianza denominada “Congreso de los Pueblos”, por lo que se apeló a la colaboración internacional. Esto ha derivado en la presencia en Colombia del ex juez español Baltasar Garzón como parte del trabajo de relevamiento de la situación.