En los últimos días, la Policía Civil de Pará anunció que habían sido detenidos tres responsables de este crimen: dos sicarios y un estanciero que los habría contratado.

Sin embargo, los móviles detectados por los investigadores brasileños generaron malestar entre las organizaciones sociales de la región, una de las más violentas del país.

Referentes de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), por ejemplo, denunciaron a las autoridades policiales por la demora en las detenciones y aseguran que hay otros responsables de estos asesinatos que ya podrían haber huido de la zona.

Más allá de la identificación de los homicidas y la importancia que tiene el punto, el mayor problema en Pará es que los ataques contra dirigentes no terminan, y todos quienes integran organizaciones sociales parecieran sentenciados a muerte de antemano.

“Si no hay aquí una mayor intervención del Estado van a morir más trabajadores. Y no será porque son asesinados, será de hambre”, declaró Osmar Cruz Lima al sitio Blog da Reforma Agraria, en expresiones que son recogidas por el servicio informativo del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Osmar, justamente, lanzaba esa advertencia desde el asentamiento Praialta Piranheira, en Nova Ipixuna, donde vivía la pareja de militantes asesinados en mayo. Los compañeros de José Claudio y María no tienen dudas: el motivo de sus muertes es la lucha que llevaban adelante en defensa de la floresta amazónica, lo que provocó reacciones por parte de importantes intereses madereros.

Así se lo transmitieron el 10 de julio dos senadores, Randolfe Rodrigues y Vanessa Graziotin, que llegaron al campamento en el marco de las tareas de una comisión parlamentaria que investiga los crímenes en Pará, según el artículo del Blog da Reforma Agraria.

En otro artículo publicado a mediados de junio por el servicio informativo del MST, también referido a las muertes de José Claudio y María, se profundizaba todavía un poco más en la responsabilidad de los organismos públicos en estos episodios.

“El Estado es una especie de coautor del crimen”, disparaba en aquel momento el abogado José Batista Afonso, especializado en temáticas relacionadas a los derechos humanos.