23 de febrero de 2010 | Informes especiales | Derechos humanos
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Informe Especial desde la capital colombiana con las visiones de un docente y un estudiante universitario sobre el plan oficial del gobierno de Álvaro Uribe de comprar información en los centros de estudio para su política represiva.
Las grandes ciudades de Colombia están viviendo una crítica situación económica y social lo que ha desatado una oleada de violencia urbana y una fuerte crisis de seguridad. La más reciente propuesta en esta materia planteada por el gobierno de Colombia, que implica la vinculación de los estudiantes universitarios a una red de informantes al servicio de las fuerzas armadas, es analizada con dureza por un profesor y un estudiante universitarios.
La iniciativa de comprar información abiertamente tiene lugar en un país en plena campaña electoral rumbo a los comicios parlamentarios del mes de marzo y con la incertidumbre por el proceso de permanencia en el poder de Álvaro Uribe en un tercer período consecutivo.
“Lo que está demostrando esto es que hay un rotundo fracaso en las políticas de seguridad”, asegura el profesor universitario Gerardo Vélez quien además remata el comentario diciendo que “existe toda una decisión política de vincular a la población civil en el conflicto armado interno. Esto es declarar la guerra de la sociedad civil contra la sociedad civil”.
De la mano de este plan de seguridad, la Universidad pierde su esencia de libertad de opinión y pensamiento crítico para transformarse en una usina de delación, en un servicio de información más del aparato represivo colombiano, explica Vélez.
Por su parte el estudiante de la Universidad Nacional cuestiona esta propuesta, ya que las Fuerzas Armadas de Colombia se encuentran involucradas en casos de violación de Derechos Humanos: “no podemos considerar legítima a una fuerza armada que está atentando contra el mismo pueblo, que está matando campesinos y vistiéndolos como guerrilleros…”, dice.
Desapariciones, crímenes y amenazas contra estudiantes están entre los resultados previsibles de esta política, dice este universitario cuya identidad es reservada por razones de seguridad.
Coinciden nuestros entrevistados en que este caso es sólo una muestra más de los múltiples atentados contra los derechos sociales, la organización social, la institucionalidad constitucional, la autonomía universitaria y la democracia.
El docente Gerardo Vélez reflexiona sobre el efecto real de este programa de compra de información, señalando que tendrá vigencia “mientras no haya otro escándalo que lo oculte; la política colombiana está hecha de escándalo en escándalo, nunca se resuelve un problema de raíz”, resume.
Cita como ejemplo el caso del sistema privatizado de salud que impulsa la administración de Uribe.
Vélez también emite un mensaje a la comunidad internacional para la realización de un “atento seguimiento a lo que aquí está sucediendo en cuanto a violaciones flagrantes de los derechos humanos” específicamente respecto a los “falsos positivos”, es decir la población civil masacrada y a posteriori identificada fraudulentamente con fuerzas beligerantes a modo de justificación.
En tanto el estudiante de la Universidad Nacional capitalina colombiana comenta algunas de las medidas de protesta que desde el estudiantado se vienen realizando contra esta medida.
Al igual que Vélez, coincide en subrayar la necesidad de una veeduría internacional sobre los hechos acaecidos cotidianamente en Colombia, de los cuales este plan de delación es una pieza más.
Foto: Indymedia Colombia
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