A través de una declaración divulgada este 25 de julio, grupos vinculados a la lucha por la tierra y los familiares de las víctimas piden que el juez actuante en esta causa, Murilo Lemos Leao, sea inmediatamente separado del proceso, en el que han detectado graves irregularidades.

Argumentan, al momento de pedir la remoción, que el magistrado se negó en dos oportunidades a decretar la prisión de los principales sospechosos del crimen, y temen que de esa manera éstos hayan huido de la región, una de las más conflictivas del país.

Puntualmente, las organizaciones piden la intervención urgente de la Procuraduría de la República, que tiene alcance nacional.

Recordaron además que durante las investigaciones la policía civil solicitó la prisión temporaria de los acusados, pero el juez rechazó el pedido “para sorpresa de todos”.

“Ahora la detención del grupo (se habían identificado tres presuntos responsables) se torna todavía más difícil”, advierten en el comunicado divulgado esta semana.

En el Estado de Pará, según un informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT, una de las organizaciones firmantes de la declaración) se registró el 41,6% del total de los crímenes del campo ocurridos en Brasil entre 1996 y 2010, incluyendo algunos de los casos más paradigmáticos, como la masacre de El Dorado dos Carajás, y el asesinato de la monja estadounidense Dorothy Stang.

“Las decisiones del juez Murilo Lemos es un paso más en favor de la impunidad”, reiteran las organizaciones, que reclaman el involucramiento de la presidenta Dilma Rousseff, y los ministerios de Justicia, Derechos Humanos, Desarrollo Agrario, y las comisiones parlamentarias de esas áreas.

La “proclama de Marabá” es firmada por grupos como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués), el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), y la ya mencionada CPT.

Foto:www.cpt.org.br