Puntualmente responsabilizan a guardias de seguridad de la empresa Montana Exploradora -la mayor minera de Guatemala, subsidiaria de la canadiense Goldcorp- por irrumpir en forma violenta en la sede de la Asociación para el Desarrollo Integral Sanmiguelense (Adismi), integrada principalmente por campesinos y minifundistas.

El episodio tuvo lugar el pasado 10 de junio, y los empleados de la empresa intentaron “capturar” -una función que definitivamente no pareciera corresponderles a guardias privados- a seis mujeres que lideran las protestas en la zona.

Según los grupos guatemaltecos, estas persecuciones pretenden “intimidar las luchas por la defensa del territorio y la madre naturaleza, y violentar la vida de los habitantes”.

En el comunicado afirman que Montana ya ha sido responsable de violaciones a los derechos humanos, eso además de que sus prácticas extractivas están provocando la destrucción de los recursos naturales sólo para satisfacer su “ánimo de lucro y acumulación de riqueza”.

A pesar de la desigualdad de este tipo de conflictos, las advertencias de las comunidades campesinas han colocado el tema de los impactos de la minería en la agenda pública de Guatemala, y lentamente comienzan a aparecer reacciones de las autoridades competentes.

El diario Prensa Libre publicó la semana pasada que once alcaldes municipales del departamento de San Marcos manifestaron su rechazo al proyecto de Montana Exploradora, afirmando que las regalías que deja esa actividad no compensa la destrucción de los recursos naturales que provoca.

“Nos oponemos a cualquier trabajo o estudio que pueda efectuar Montana en nuestros municipios, ya que lo único que ha creado es enfrentamiento entre hermanos y engaños, y se ha apoderado de los terrenos de la gente humilde”, declaró uno de ellos.

En la misma línea, un líder religioso local, el cardenal Rodolfo Quezada, exhortó a las autoridades de los ministerios de Ambiente, y de Energía y Minas a que introduzcan cambios en las normativas que regulan la administración de los recursos mineros.

Los parlamentarios guatemaltecos están discutiendo una reforma a la Ley de Minería, y los grupos que resisten este tipo de actividades a cielo abierto están pidiendo que en esa discusión legislativa se tengan en cuenta la protección de las fuentes de agua, la contaminación ambiental y la necesidad de que las consultas populares tengan carácter vinculante.