Piden planes de desarrollo para las comunidades afectadas, construcción de carreteras, rebajas en las tarifas eléctricas para la población y en algunos casos hasta el pago de las prometidas indemnizaciones, que un cuarto de siglo después siguen siendo una cuenta pendiente.

En todo este largo periplo, los episodios conflictivos han sido muchos, incluyendo la recordada ocupación, en mayo de 2007, de las instalaciones del complejo hidroeléctrico, en una acción conjunta entre la Vía Campesina y el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués).

Ahora, el MAB está llevando a cabo una campaña nacional e internacional para solicitarle a la justicia brasileña la inmediata liberación de cuatro dirigentes campesinos que permanecen en prisión desde el pasado 26 de abril, cuando también realizaban una ocupación de las canteras de la represa.

Ese día fueron detenidos 18 militantes del MAB, pero a mediados de mayo 14 de ellos fueron liberados, mientras que a los tres hombres y a la mujer que siguen encarcelados se les imputan cargos por secuestro e invasión de propiedad privada.

En algunas oportunidades, los conflictos en el nordeste brasileño tienen una apariencia medieval: de acuerdo a una crónica que publica el medio Brasil de Fato, tras el desalojo de las canteras los efectivos policiales hicieron algo así como un “desfile” por las calles de Tucuruí mostrando como “trofeo” a los 18 manifestantes detenidos, todo eso antes de trasladarlos a la ciudad de Belém, donde luego fueron interrogados.

Para el MAB, estas detenciones son claramente un caso de persecución política y tienen como objetivo de fondo criminalizar a quienes “luchan por la justicia”.

La represa de Tucuruí es la mayor generadora de energía eléctrica de Brasil, y se ha transformado en abastecedora de grandes empresas como la estadounidense Alcoa, la canadiense Alcan, la japonesa Nippon Aluminium y la local Vale do Río Doce.

El MAB denuncia que los subsidios que reciben estos grandes consumidores de la energía generada por Tucuruí terminan provocando que las tarifas por kilowatt/hora que paga el pueblo brasileño sean diez veces más caras que las que abonan las empresas.