Adolfo tenía 28 años y dos hijos. Adalberto tuvo una herida de bala en una de sus piernas y está preso en la cárcel regional de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. Néstor, también detenido, está en Asunción, la capital paraguaya, para el tratamiento de su herida en la mandíbula.

Su padre es el presidente de la Comisión de Víctimas del grupo de familiares de los campesinos caídos en la masacre, en la que también fueron asesinados seis policías.

Marina Cué está irregularmente en manos de la empresa agrícola ganadera Campos Morombí, del empresario y ex político del Partido Colorado Blas Riquelme, fallecido el 2 de septiembre.

La información que maneja Mariano es que su hijo Adolfo fue ejecutado. Antes de perder su vida había entregado su hijo de tres años a una joven, que nunca se desprendió del niño durante el infierno del ataque policial. Lo protegió durante el tiroteo y lo tuvo horas con ella, aun luego de ser detenida. Lo entregó recién en el centro de salud de Curuguaty, a donde llegó herida y detenida. Su nombre es Alicia Agüero y está presa en Coronel Oviedo.

“Yo estoy seguro que todos los que fallecieron ahí eran sin tierra, verdaderamente sin tiera, y no eran unos delincuentes. Todas eran personas trabajadoras y querían un pedazo de tierra y por ese motivo perdieron su vida”, aseguró a Radio Mundo Real Mariano. El dirigente tiene como idioma fluido el guaraní, pero habló con nosotros en un castellano entendible.

La reafirmación de Mariano de que los caídos de Marina Cué no eran delincuentes no es fortuita. Es una respuesta a gran parte de la prensa paraguaya, conservadora y asociada al poder político y económico tradicional del país, que no dudó en afirmar que quienes ocupaban Marina Cué eran delincuentes o terroristas. “Eran inocentes”, contrapuso Mariano.

El presidente de la Comisión de Víctimas de los familiares de los asesinados en Marina Cué también se lamenta por su hijo herido en la mandíbula y preso. Hasta ahora se le alimenta sólo con líquidos. “Si un humano herido está en la cárcel para mi es injusto”, y concluyó que “el derecho humano no existe”. Mariano no puede visitar a sus hijos todo lo que quisiera. En medio de penurias económicas, es imposible pagar traslados hasta Coronel Oviedo o Asunción reiteradamente.

Las reivindicaciones de los familiares de los campesinos muertos en Marina Cué son tres bien concretas: liberación de los detenidos y sobreseimiento a los 54 prófugos, resarcimiento económico a los familiares de los caídos y entrega de las tierras en disputa a los campesinos sin tierra que las reclaman. “Desde 2003 nosotros sabemos que es tierra del Estado, no es una propiedad privada”, dijo Mariano, que explicó que esa certeza dio lugar a la lucha campesina por el predio de Marina Cué hace ya nueve años.

El relato de Mariano sobre el accionar de la policía el día de la matanza (concretada temprano de la mañana) y la primera respuesta campesina, refuerza en buena medida lo reiterado en los testimonios de los habitantes de la zona, los detenidos, otros familiares de los campesinos muertos y otras fuentes consultadas. Hubo unos 400 policías en el operativo, que incluyó un helicóptero, efectivos a caballo, unos 25 patrulleros y hasta ambulancias y enfermeras preparadas. Los campesinos eran unos 60 y fueron arrinconados desde dos frentes. Los sin tierra pidieron a la policía para dialogar, pero no hubo manera, según indican repetidamente los relatos.

Hay otra coincidencia importante en las declaraciones. Varios campesinos fueron ejecutados, ultimados cuando ya estaban heridos, en el suelo o mientras corrían para salvar su vida. Una amplia minoría de los campesinos muertos habría caído durante el fuego generalizado. Muchos sin tierra intentaron huir del lugar y fueron perseguidos por los efectivos policiales.

Sobre los policías muertos y la tenencia de armas por parte de los campesinos hay versiones encontradas. Algunas indican que los sin tierra no manejaban armas de fuego, o que no tenían armas en el momento del asalto policial. Otra fuente dijo que algunos campesinos portaban escopetas.

Esos son algunos de los informes surgidos durante una Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos que se realiza en Paraguay, y que jueves, viernes y sábado visitó la zona de la llamada “masacre de Curuguaty”. Participaron la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina, FIAN Internacional, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña, la Campaña Global por la Reforma Agraria y Radio Mundo Real.

Los hijos de Mariano dijeron a su padre que los campesinos habían colocado un cartel frente a los policías que decía “vencer o morir”. “Ellos querían resistir porque ya hace más de nueve años de lucha (por el predio de Marina Cué), porque ellos sabían bien que (ese terreno) no es de propiedad privada sino del Estado”, explicó Mariano.

La comunidad de Yvy Pytã quedó muy golpeada luego del 15 de junio. Allí están muchos de los familiares de los campesinos caídos y personas que son parte de la lucha por Marina Cué. Uno de los datos que se maneja es que los sin tierra sufrieron una infiltración antes del operativo. Por eso el sentimiento de desconfianza ganó la zona. Pero según cuentan los pobladores, lentamente comenzaron a hablar y reorganizarse. Expresan que no dejarán de luchar hasta que Marina Cué sea suya. “Más que nunca unimos criterio y tenemos fuerza para conquistar esa tierra. No nos vamos a dejar plantar soja más sobre la sangre caída de nuestros compañeros e hijos”, señaló Mariano, que reconoció igualmente que la comunidad “está muy dolorida”.

“Ojalá las autoridades de Paraguay acepten su responsabilidad”, dijo a Radio Mundo Real ya sobre el final de la charla. “Acá en Paraguay sólamente hay justicia para los ricos, los latifundistas y los grandes empresarios”. Al pobre sólo le queda luchar, aseguró Mariano.

Foto: Radio Mundo Real