Los jueces exigieron además a la compañía reparación y compensación por sus graves afecciones a las comunidades y el medio ambiente en esos países. El audio del veredicto fue enviado a Radio Mundo Real por Grace García, de Amigos de la Tierra Costa Rica. Se puede leer completo aquí: http://tribunaldesalud.org/veredicto/

El Tribunal de Salud, de carácter no vinculante, fue una iniciativa de varias redes sociales centroamericanas. Buscó denunciar los graves impactos de Goldcorp a la salud y el medio ambiente en las comunidades de San Miguel Ixtahuacán, del hondureño Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán, y de Carrizalillo, en el estado mexicano de Guerrero. En esas zonas operan las minas de Goldcorp “Marlin”, “San Martín” y “Los Filos”, respectivamente.

En la sección “descripción de los hechos denunciados” del veredicto final, los jueces del Tribunal argumentan que todos los casos presentados tienen varios elementos en común. Entre ellos se destacan la “contaminación y pérdida irreversible de fuentes de agua”, la “devastación ambiental irreversible”, por ejemplo “desaparición de montañas y ecosistemas”, la respiración constante de polvo con metales pesados y sustancias tóxicas, inclusive con elementos cancerígenos y que se acumulan en el organismo. Otros puntos en común de las denuncias son la “destrucción de cultivos y suelos”, y “enfermedad y muerte de animales silvestres y domésticos”.

“En los testimonios se denunciaron enfermedades de la piel, de los ojos, caída de pelo, picazón en el cuerpo, abortos, infertilidad, partos prematuros, defectos congénitos y muerte de recién nacidos, daños auditivos, problemas gastro-intestinales, dolores de articulaciones, problemas nerviosos, y casos de intoxicación que han llevado a la muerte”, expresa el texto final del Tribunal de Salud sobre el accionar de Goldcorp.

Los jueces agregan que ex trabajadores de la empresa presentes en el Tribunal (y que dieron su testimonio) tienen su salud afectada porque sufrieron frecuentemente exposiciones a químicos tóxicos, intoxicaciones y accidentes laborales, por falta de equipo y medidas de seguridad. “Estos accidentes incluso han llevado a la muerte”, lamentan.

El jurado estuvo integrado por personas que tienen reconocimiento internacional en diversas áreas. Hubo activistas, académicos, líderes religiosos, periodistas y profesionales de la medicina de países como Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Chile, Guatemala y México.

En su fallo, los jueces aseguran que los casos denunciados indican que Goldcorp muestra una “ausencia deliberada de voluntad para garantizar los derechos de los pobladores”, y que su accionar no manifiesta “interés en la calidad de vida de la población afectada”. Los daños a la salud son “uno de los efectos sociales más visibles de esa falta de interés”, explican.

Los integrantes del jurado del Tribunal de Salud manifiestan que los hechos denunciados tienen sustentos suficientes para considerarse “fidedignos y ajustados a la realidad”. Con esa base, señalan su constatación de que “la imagen pública de Goldcorp de ser ’una empresa socialmente responsable’ no corresponde a los hechos presentados ante este Tribunal”.

El veredicto se basa en esos señalamientos para luego condenar la operativa de Goldcorp en Honduras, Guatemala y México, porque es altamente dañina para la salud y la calidad de vida de las poblaciones locales, para la calidad ambiental, y porque viola el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas.

“Condenamos al mismo tiempo la actitud cómplice e irresponsable de los Estados de los países de donde provienen las denuncias, por no asegurar el ejercicio de derechos a las y los afectados por la empresa denunciada”, agrega el texto, que también condena la complicidad del Estado canadiense, por apoyar y promover las irresponsables inversiones mineras en Mesoamérica.

Sobre el final del fallo, los jueces recomiendan a los pueblos impedir “mediante todos los medios pacíficos que tengan a su alcance” las operaciones de Goldcorp en sus territorios. También les sugieren buscar pacíficamente “el ejercicio de los derechos colectivos establecidos en las leyes nacionales y/o los convenios internacionales”, para garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.

Asimismo, los jueces exigen a los Estados “cumplir y hacer cumplir las legislaciones nacionales vigentes así como los convenios internacionales, en particular garantizando las normas respecto al consentimiento previo, libre e informado”.

El jurado cierra su veredicto con las exigencias para la propia Goldcorp. Primero le reclama que repare todos los daños a la salud de las poblaciones, medio ambiente y en general a las comunidades indígenas y campesinas afectadas. Enseguida agrega el punto de la compensación por los daños pasados, presentes y futuros causados a las personas y comunidades, porque la contaminación es persistente y puede durar cientos de años. Y la última oración del fallo tiene una exigencia contundente para Goldcorp: “suspender toda operación minera en Mesoamérica y garantizar la no repetición de los hechos aquí denunciados”.

Foto: Grace García, Amigos de la Tierra Costa Rica.