Un grupo de manifestantes, entre ellos varios ambientalistas, esperaron a la presidenta el 27 de enero en las calles de Porto Alegre con diversas pancartas y consignas contra Belo Monte. Le entregaron un documento con la posición de más de cien grupos sociales sobre el proyecto hidroeléctrico e hicieron lo propio con la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário.

Los activistas llamaron la atención sobre los posibles impactos ambientales y sociales de la represa, y acerca de las irregularidades en torno a la aprobación del proyecto. La acción se hizo luego que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (IBAMA) otorgara el 26 de enero una “licencia parcial” para la construcción de Belo Monte.

El Ministerio Público Federal de Pará interpuso una acción civil pública en la que solicita la suspensión inmediata de la licencia otorgada por el organismo ambiental. "Es totalmente ilegal porque no fueron atendidas las precondiciones establecidas por el propio IBAMA para la concesión de la licencia del proyecto”, señala el Ministerio Público en su escrito.

La represa, planificada para empezar a funcionar en 2015 en el corazón de la Amazonia, sería la tercera más grande del mundo, luego de la presa china de Tres Gargantas y de la binacional Itaipú en la frontera entre Brasil y Paraguay. Tendría una capacidad instalada de 11 000 megavatios. Se estima que su construcción inundaría unos 500 kilómetros cuadrados de tierras que actualmente ocupan comunidades indígenas. De 20 000 a 50 000 personas serían desplazadas para dar lugar a la central.

Belo Monte estará a cargo del consorcio Norte Energia y tendrá como socia estratégica a Eletronorte, subsidiaria de la estatal Eletrobras. Según el diario brasileño O Estado de S. Paulo, fue la propia Eletronorte la que inició los estudios de exploración del potencial energético del río Xingú en 1975, y la que elaboró en la década siguiente el primer diseño de la represa. El proyecto cuenta con la financiación del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Campesinos, pescadores artesanales, indígenas, el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, entre otros, han hecho decenas de manifestaciones en diversas partes del país contra la instalación de Belo Monte.

El documento entregado el jueves a la presidenta Rousseff y a la ministra Maria do Rosário fue elaborado por movimientos sociales y comunidades de Altamira, localidad del Estado de Pará atravesada por el río Xingú y donde estaría la represa, y de la región de la “Vuelta Grande del Xingú”.

El texto tiene la firma de más de cien agrupaciones sociales del país. “Fue dada la señal verde para que un enorme predador se instale en las márgenes del Xingú para devorar el bosque, matar el río y destruir nuestras casas, plantaciones y vidas, atrayendo centenas de millares de engañados, que este mismo gobierno no consigue sacar de la miseria”, expresa el documento. “En busca de trabajo, que pocos encontrarán, ellos llegarán a una región sin saneamiento, salud, seguridad y escuelas”, agrega.

Las agrupaciones que rechazan la instalación de Belo Monte argumentan que el proyecto busca dar energía a grandes empresas de la región, inclusive para megaproyectos extractivistas, y no a la población en general.

“Denunciamos esta obra, que se quiere desparramar sobre nuestras propiedades, tierras indígenas y la recién reconocida área de indígenas aislados, como un proyecto genocida”, señala el documento ahora en manos del gobierno de Brasil. El texto agrega que Belo Monte es un proyecto de “aceleración de la miseria, deforestación, enfermedades y de la violación desmedida de las leyes que nos deberían proteger”.

Foto: http://amigosdaterrabrasil.wordpress.com/