4 de agosto de 2009 | Noticias | Derechos humanos
Picana eléctrica
Piden liberación de militantes mexicanos que protestaban por altas tarifas de electricidad
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Hace casi un mes que cinco dirigentes del mexicano Movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica están detenidos, sin que termine de quedar claro cuáles son los cargos que se les imputan. La justicia libró órdenes de captura contra otros 28 militantes de esa coalición de organizaciones sociales.
Todo esto sucede en el Estado de Campeche, ubicado al sur de México, y ya ha provocado la reacción de grupos internacionales defensores de los derechos humanos.
Un informe de Amnistía Internacional relata que el pasado 10 de julio a las cinco de la madrugada efectivos de la policía federal asaltaron las casas de Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borja, Elmer Castellanos y Guadalupe Vizcaíno en la localidad campechana de Candelaria.
Ninguno de ellos recibió explicaciones sobre los motivos de la detención ni tuvieron acceso a la orden judicial de arresto. Luego se supo que la Justicia hizo lugar a una denuncia de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el supuesto secuestro de uno de sus funcionarios en septiembre de 2008.
Desde la prisión, los activistas aseguraron que se trata de una acusación falsa y que responde a un intento de criminalizar a los movimientos sociales. En enero de 2009 el funcionario supuestamente secuestrado admitió que había acompañado voluntariamente a este grupo de personas hasta una comunidad para verificar una denuncia por fallas en el suministro eléctrico, según revela el informe de Amnistía.
El documento, en el que se pide la liberación de los cinco dirigentes sociales, agrega que frecuentemente en México se ha respondido a las protestas legítimas con cargos penales “infundados o desproporcionados”.
Sin embargo, voceros de la CFE han justificado en los últimos días las demandas que han presentado ante la Procuraduría General de la Nación porque, según afirman, algunas personas han realizado acciones que “afectan el cumplimiento de las responsabilidades institucionales” del organismo, según publicó el diario mexicano La Jornada.
Además de las detenciones arbitrarias, las organizaciones de base de Campeche aseguran que viven en una situación de “permanente hostigamiento”. La semana pasada se efectuó en Candelaria una asamblea de usuarios de la CFE que denuncian los precios de las tarifas, y los asistentes denunciaron la presencia de infiltrados de la Agencia Federal de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría.
