La medida de lucha se levantó en la mañana de este viernes, tras quince horas de ocupación, a raíz de una orden judicial.

Se cortó además el ingreso a través de la carretera Transamazónica, y se reclamó que el Poder Ejecutivo envíe nuevos negociadores para destrabar el conflicto, según la declaración de la coalición de “Pueblos del Xingu contra Belo Monte”.

Indígenas, pescadores y militantes ambientalistas participaron en la medida, según la información divulgada por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), que también ha reclamado la paralización de las obras.

La ocupación se desarrolló en forma pacífica y los manifestantes no encontraron resistencia de la policía y de los guardias de seguridad que trabajan en el emprendimiento, de acuerdo a la información del Cimi, reproducida por Rádio Nacional da Amazônia.

El centro del reclamo al gobierno es que este megaemprendimiento, que inundaría más de 500 kilómetros cuadrados de tierra, se comenzó a construir sin ninguna instancia de consulta previa con las comunidades indígenas que sufrirán los impactos.

Actualmente, hay doce causas judiciales abiertas contra Belo Monte, una iniciativa que ha sido cuestionada, entre otros organismos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó, sin éxito, la suspensión de las obras.