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3 de noviembre de 2011 | Entrevistas | Sesión del Comité de Seguridad Alimentaria de FAO | Soberanía Alimentaria
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En Paraguay, el derecho constitucional de acceso a la tierra tiene su límite bien claro en el respeto a rajatabla de la propiedad privada, que hace de ese país uno de los más desiguales de América Latina en materia de tenencia de la tierra.
“Nuestra principal tarea es luchar por recuperar la tierra que tenemos en el Paraguay. Mucha tierra está en pocas manos y habemos muchos sin tierra también. Muchos terratenientes, además, son extranjeros”.
Son palabras de Luis Ruiz integrante de la Organización de Lucha por la Tierra del Paraguay, parte de La Vía Campesina, presente como parte de las organizaciones de la sociedad civil que participaron de la sesión anual del Comité de Seguridad Alimentaria, en Roma, Italia.
“Para nosotros como organización, si vamos a hablar de Soberanía Alimentaria, primerito se tiene que hablar de tierras. Todos los alimentos que comemos a diario salen de la tierra y ¿cómo se está usando y distribuyendo la tierra en los países?”, interroga Luis.
Recién después de abordar en toda su profundidad el aspecto de tierras, se puede hablar de otras cosas como volatilidad de precios, dice el joven referente paraguayo, “aunque no nos gusta entrar mucho a hablar en esos términos porque eso significa considerar al alimento como una mercadería, cuando verdaderamente se trata de un derecho”.
Luis también señala que en su país las organizaciones que reivindican la reforma agraria han sido objeto de persecuciones y estigmatizaciones, a partir de acciones no siempre esclarecidas de presunta violencia contra terratenientes en las cuales, señala, nada han tenido de responsabilidad las organizaciones campesinas.
Ejemplo de ello, dice Luis, es la declaratoria del estado de excepción que rige desde finales del mes de septiembre en dos departamentos norteños: Concepción y San Pedro. El argumento oficial para esta declaratoria ha sido la muerte de dos policías presuntamente a manos de un grupo insurgente. Sin embargo, el representante campesino apunta otras pistas: precisamente en Concepción, días antes de la muerte de los guardiaciviles, una entidad oficial había anunciado una gran propiedad rural “mal habida” que, a pesar de ser propiedad del Estado, venía siendo usufructuada por políticos y parlamentarios.
Con el estado de excepción, dice Luis, ya nada se pudo hacer y la investigación, “coincidentemente”, quedó trunca.
El escenario para las organizaciones paraguayas es así por varios factores delicada, dada la profunda y en algunos casos despiadada disputa por el control de los ricos recursos naturales del país y un gobierno como el de Fernando Lugo que, sin mayoría parlamentaria, aparece sumamente débil frente a dicha problemática.
Foto: Radio Mundo Real
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