El lunes varias entidades sociales emitieron un comunicado de prensa en el que manifestaron preocupación. Pidieron además que se agilicen los mecanismos de protección a los defensores de derechos humanos, que se investiguen las denuncias de las víctimas de persecución y amenazas, y que se identifique y juzgue a los autores intelectuales y materiales de esos hechos. Las organizaciones también solicitaron solidaridad al pueblo hondureño en general.

“Sentimos una gran preocupación”, dijo a Radio Mundo Real José de Jesús Ponce, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, una de las firmantes del parte de prensa. “Esto ha sido por la situación del conflicto de las tierras del Bajo Aguán y las tierras que estamos recuperando en la zona norte del país”, agregó, para explicar enseguida que Alegría “ha dado el acompañamiento a esas luchas, es el que siempre sale en los medios denunciando la injusticia, la muerte, el encarcelamiento injusto de los compañeros campesinos”. Según de Jesús Ponce, los terratenientes organizados “piensan que quitando a un dirigente campesino la lucha se va a terminar, y eso es mentira”.

El 4 de octubre el gobierno hondureño le hizo saber a Alegría que contaba con información sobre un plan para matarlo, que se extiende también al ministro del Instituto Nacional Agrario, César Ham, y a la ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda. Lobo mantuvo una reunión con el dirigente campesino subrayando la alerta de su ministro, ratificada a su vez por el director de la Policía, Juan Carlos Bonilla. La agencia Prensa Latina informó que Ham y Pineda coinciden con Alegría en la defensa de los derechos de los campesinos enfrentados a empresarios en la lucha por la tierra en el Bajo Aguán. Más de 50 trabajadores rurales fueron asesinados en esa zona desde diciembre de 2009 aproximadamente, luego del golpe de Estado de Roberto Micheletti y las Fuerzas Armadas en junio de ese año.

“Aquí no le vamos a echar culpas a nadie más. Aquí hay nombres, aquí se llama (Miguel) Facussé Barjum, un René Morales, un Reynaldo Canales y otras personas que están en posesión ilegal de las tierras” en el Bajo Aguán hondureño, dijo de Jesús Ponce. “Se reúnen para tomar esas decisiones malas, en contra de los compañeros y los movimientos campesinos”, agregó. Facussé, Morales, Canales y Óscar Nájera son los empresarios señalados por los movimientos campesinos del Bajo Aguán como responsables intelectuales, cuando menos, de la persecución y asesinato de trabajadores rurales.

De Jesús Ponce destacó que Alegría “nunca ha llevado a la violencia, siempre todas las cosas las ha discutido, las ha llevado a un debate, y por eso le “duele” esta amenaza contra su vida. El secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, a la que Alegría está afiliado, subrayó también que el dirigente de La Vía Campesina ya ha sido amenazado, notificado de planes de ataques en su contra y perseguido varias veces. “Para nosotros aquí en Honduras él ha sido la única persona que hasta este momento, después de tanta lucha, da la cara por el movimiento campesino”, reivindicó de Jesús Ponce.

Nuestro entrevistado lamentó que en su país “las leyes no se aplican a favor del movimiento campesino”, y dejó en claro su descreimiento en las instancias nacionales de defensa de los derechos humanos, así como en la Policía. La seguridad policial ofrecida por Lobo a Alegría no genera confianza en las organizaciones sociales. “De qué nos sirve que nos pongan seis o más policías que anden con él si sabemos que no son afines a nosotros. El propio presidente le garantizó que le quería poner de su guardia, pero nosotros de repente no confiamos”, señaló de Jesús Ponce. “No puede ser cualquier persona la que ande con él porque también lo puede vender”, evaluó.

El martes Radio Mundo Real entrevistó a Alegría y el dirigente manifestó que “la confianza, la credibilidad de nuestra Policía se ha perdido definitivamente”, y agregó que ha optado, al menos por el momento, por la compañía de integrantes de varios movimientos sociales, que están velando por su seguridad. No obstante, Alegría no descarta la cobertura policial y se mantiene en contacto con los organismos de seguridad del Estado, según dijo.

De Jesús Ponce llamó a las instancias internacionales de derechos humanos a incidir en los países que dan ayuda económica a Honduras, especialmente Estados Unidos, para que no otorguen fondos que apoyen a empresarios, la Policía y el Ejército. “Sabemos que nuestro país es pobre. Pero todo lo que viene encaminado para el desarrollo se da para la Policía, para que nos sigan asesinando a nuestros compañeros”. El dirigente también pidió a la comunidad internacional que se pronuncie en defensa de la vida de Alegría.

Foto: http://www.movimientos.org