1989 fue el año donde el peor de los escenarios posibles se concretó: tras una muy larga campaña por conseguir las firmas necesarias para llamar a plebiscitar la “Ley de Caducidad del Derecho Punitivo del Estado” (conocida como ley de impunidad), que ampara a los militares que violaron los derechos humanos durante la última dictadura militar, la ley se mantuvo obteniendo el 52 por ciento de los votos, frente al 40 por ciento de la ciudadanía que quería anularla.

La sombra de la dictadura se proyectaba así hasta fines de la década del 80. El miedo a su regreso, la amenaza velada (y no tanto) a la ciudadanía por parte de quienes habían secuestrado a todo un país por 12 años, con el apoyo de buena parte del sistema político del momento y de los grandes medios de comunicación, había triunfado. Ahora había dos clases de ciudadanos de hecho, aquellos intocables por el Poder Judicial y nosotros, el resto.

Tuvieron que pasar siete años para que el recuerdo, el deseo de justicia y el “¡Nunca Más!” al terrorismo de Estado ganaran la calle nuevamente. Un 20 de mayo de 1996 se realizó la primera “Marcha Del Silencio”: la elección del día no era fortuita, ya que en esa fecha pero de 1976 aparecían asesinados por las dictaduras del Cono Sur los senadores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes de izquierda Rosario Barredo y William Whitelaw, y también desaparecía el militante Manuel Liberoff. A pesar del esfuerzo de quienes dirigían el Estado por negar el pasado, éste resurgía. Es que la injusticia puede decretarse en los papeles, pero no puede mantenerse.

Año tras año la manifestación fue creciendo, y el tema volvió a estar sobre la mesa. Tanto fue así que el gobierno del presidente derechista Jorge Batlle convocó a principios de esta década a una comisión para investigar qué había pasado con los desaparecidos y los niños secuestrados. Pero no fue hasta la asunción del gobierno de izquierda del Frente Amplio que algunos de quienes habían violado los derechos humanos durante la dictadura tuvieron que responder por sus crímenes.

Reinterpretando la ley de impunidad, el Ejecutivo entendió que los altos mandos de la dictadura no estaban comprendidos por la misma, lo que significó que algunos de ellos terminaran procesados.

También aparecieron los primeros cuerpos de desparecidos. El trabajador metalúrgico Ubagesner Chávez Sosa fue el primero en aparecer, enterrado en una base aérea: su sepelio se transformó no sólo en un homenaje a su compromiso y a su lucha, sino también en un grito claro de “Basta Ya”.

En 2008 la central obrera (el PIT-CNT), las organizaciones de familiares de desaparecidos, los ex presos políticos, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), diversas organizaciones de la sociedad civil, algunas agrupaciones políticas, entre otras organizaciones, manifestaron que era hora de acabar con la actual situación. Se acabó el miedo, había que terminar con la impunidad de una vez por todas. Se precisaban 250 000 firmas para habilitar el plebiscito, y se juntaron 340 000.

Días antes de que se realice el plebiscito en Uruguay, la Suprema Corte de Justicia determinó que la ley es inconstitucional en referencia al caso de Nibia Sabalsagaray, una joven maestra, militante comunista, que fue asesinada en un centro de tortura donde fue llevada tras ser descubierta pintando en un muro “Abajo la Dictadura”.

Este 20 de octubre se convocó a la “manifestación del último 20”, miles de personas llenaron 18 de Julio, la principal avenida de Montevideo. La mayoría eran jóvenes, lo que demostraba que la anulación que se viene no es sólo el fin de un capítulo triste de la historia del Sur, sino el comienzo de un futuro mejor.