La misión de verificación de derechos humanos fue convocada por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – La Vía Campesina, FIAN Internacional, el Grupo de Derechos Humanos en Investigación y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Campaña Global por la Reforma Agraria. Los participantes de la misión, que va hasta el 12 de septiembre, son integrantes de esas agrupaciones, originarios de Ecuador, Nicaragua, España, Chile, Uruguay, entre otros países. Radio Mundo Real estará presente y realizará una cobertura especial.

Contexto

Según ha definido la CLOC, el objetivo de esta gira es analizar la situación de los derechos humanos de comunidades campesinas del país y elaborar un informe, que luego se presentará a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

No obstante, el centro de la misión estará en el departamento de Canindeyú, en las tierras de la comunidad Yvy Pytã y frente a ese lugar, en el predio “Marina Cué”, como lo llaman los campesinos que reclaman que se les otorguen esos campos que habían ocupado. Ese predio está irregularmente en manos de la empresa Campos Morombí, del ex senador colorado y empresario Blas Riquelme, fallecido el domingo. Fue allí, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Curuguaty, que la policía paraguaya asesinó a 11 campesinos en el operativo del 15 de junio, en el que también murieron seis policías.

A esa zona llegarán este jueves los participantes de la “Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos”. Son 2000 hectáreas en disputa, pertenecientes al Estado según diversas organizaciones sociales paraguayas, y que eran defendidas como propias por Riquelme. Hay más de 50 familias campesinas que piden que se les otorguen esos predios para vivir y trabajar. Luego del desalojo de la ocupación del 15 de junio, a pesar de que la Policía sólo tenía una orden judicial de allanamiento, hay unos 12 campesinos presos, tres fueron liberados y hay orden de captura sobre otros 46 que están prófugos.

Una gira en marcha

Este miércoles varias organizaciones sociales paraguayas se reunieron con los participantes de la misión en la sede de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), para darle inicio oficial al trabajo. Además de las mujeres de CONAMURI hubo integrantes de BASE Investigaciones Sociales, de grupos de La Vía Campesina Paraguay, de Sobrevivencia – Amigos de la Tierra Paraguay, del Servicio Paz y Justicia de ese país, entre otros.

Se realizaron varias presentaciones por parte de los activistas paraguayos, para dar a los integrantes de la misión llegados del extranjero la mayor cantidad posible de información de contexto nacional.

Varias agrupaciones paraguayas han iniciado una nueva campaña con tres reclamos concretos: indemnización a los familiares de las víctimas, la liberación de los presos y la entrega de las 2000 hectáreas de Marina Cué a las familias que las están reclamando.

La misión que empezó este miércoles es la tercera desde la masacre del 15 de junio, que luego dio lugar al juicio político que terminó con el gobierno constitucional de Fernando Lugo y ubicó en su lugar al presidente de facto Federico Franco.

Algo más de coyuntura

Según CONAMURI, los campesinos que reclaman el predio de Marina Cué aseguran que el día de la represión fueron atacados por unos 400 policías, cuando ellos eran apenas algunas decenas. Los trabajadores rurales explican además que se les disparó desde helicópteros. Hay alguna versión que indica, inclusive, que los propios policías en tierra gritaban a sus compañeros en vuelo que no dispararan porque estaban matando indiscriminadamente.

Otras versiones, enseguida de los hechos y desde el entonces gobierno de Lugo, señalaron que los campesinos no tenían nada que ver con la guerrilla izquierdista del Ejército del Pueblo Paraguayo, como se dijo en algún momento. Esas declaraciones oficiales afirmaron además que hubo infiltrados armados entre los campesinos y aseguraron que los trabajadores rurales no usan armas.

Una de las cuestiones más destacadas por las organizaciones sociales paraguayas reunidas este miércoles en la sede de CONAMURI es el papel que han jugado los medios de comunicación nacionales asociados a la derecha. Desde el gobierno y esa prensa se argumenta en los últimos tiempos que los campesinos han radicalizado sus luchas y que ahora usan armas de fuego, por lo que, dicen, hay que reprimirlos con otra violencia. Los movimientos y redes sociales paraguayos rechazan estas versiones y reivindican las luchas pacíficas de comunidades campesinas e indígenas que piden que se les otorguen tierras.

La tenencia de la tierra aparece como un asunto clave, base de las gigantescas diferencias sociales del país. Según datos de La Vía Campesina Paraguay, el 2 por ciento de los propietarios controla el 85 por ciento de la tierra.

Foto: http://www.dadychery.org