El organismo le pidió además una investigación sobre estos hechos al gobierno orientado por el presidente Ricardo Martinelli, que apenas ha cedido en la necesidad de rediscutir la polémica Ley 30, que originó las protestas de trabajadores, indígenas y ambientalistas.

Dicha normativa gubernamental, que se instaló con el pretexto de favorecer a la aviación comercial, provocó cambios en códigos laborales y ambientales, cuyas consecuencias negativas han sido denunciadas a nivel internacional por las organizaciones panameñas, que reclaman su derogación.

El documento de la CIDH, que fue entregado a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, durante su reciente visita al país, concluye que los disturbios en Bocas del Toro dejaron un saldo de cuatro muertos, un desaparecido y 405 heridos.

También denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, una deficiente atención médica, detenciones sin el debido proceso y torturas.

“Panamá se suma a la situación que viven otros países hermanos como Guatemala o Honduras, donde los asesinatos de dirigentes sociales son frecuentes”, manifestó Víctor Torres, secretario general de Convergencia Sindical, en una entrevista con Radio Mundo Real, durante el Foro Social de las Américas efectuado en Paraguay.

Torres considera prioritaria la "derogación total" de la Ley 30, y acusa a la administración de Martinelli por las “graves violaciones” a los derechos humanos.

En las protestas en Bocas del Toro participaron fundamentalmente trabajadores de fincas bananeras, pero luego se sumaron manifestantes de otras ramas sindicales y comunidades indígenas del pueblo originario Ngäbe, que han responsabilizado directamente a Martinelli por la represión y los asesinatos.

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