Los campesinos que recuperaron su libertad aseguran que continuarán su resistencia a la empresa, perteneciente a la compañía española Hidralia, y tienen el apoyo de las comunidades de Santa Cruz Barillas, contó a Radio Mundo Real la coordinadora general de CEIBA – Amigos de la Tierra Guatemala, Natalia Atz. El proyecto Santa Cruz ha sido repudiado por las comunidades locales desde 2007.

El 1º de mayo de 2012 en horas del mediodía un conjunto de hombres armados emboscaron y asesinaron a Andrés Francisco Miguel, y sus compañeros y vecinos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé fueron gravemente heridos. Los heridos y testigos de la muerte de Andrés Francisco Miguel relataron que sus agresores se conducían en vehículos similares a los de Hidro Santa Cruz. Por eso la población asumió que el atentado fue promovido por personas vinculadas a la empresa.

Ese mismo 1º de mayo el gobierno de Otto Pérez Molina declaró Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas. Hubo una gran manifestación en la zona para exigir justicia y el 2 de mayo fueron detenidos numerosos campesinos arbitrariamente, durante una durísima represión. Con el Estado de Sitio se desataron todo tipo de atrocidades y violaciones a los derechos humanos de los pobladores: allanamientos, detenciones arbitrarias, interrogatorios violentos, violaciones de niños y mujeres, desapariciones, por nombrar algunos ejemplos. Los últimos ocho presos de Santa Cruz Barillas fueron liberados el 10 de enero.

“Nosotros como CEIBA estamos bastante contentos, satisfechos, por la libertad de nuestros compañeros de Santa Cruz Barillas. Es una lucha bastante fuerte. Toda la lucha jurídica la llevamos desde CEIBA, paso a paso todas las audiencias (...)”, dijo Atz a Radio Mundo Real. “Es una satisfacción para CEIBA, ya que lo llevó (al proceso) muy de cerca, pero también para el movimiento social fue una gran fiesta ese día (de la liberación)”, agregó.

Luego de la salida de los campesinos del “Preventivo” de la Zona 18 de la ciudad de Guatemala, se hicieron varias reuniones con instituciones de derechos humanos para denunciar las violaciones a sus derechos en prisión.

La salida de la cárcel fue un momento de mucha emoción también para las organizaciones que acompañaron el proceso. Atz destacó “lo injusto de la justicia en Guatemala” y su admiración por las esposas de los ahora ex detenidos, porque resistieron, no se alinearon ni se vendieron a la empresa. Según relató la coordinadora de CEIBA, Hidro Santa Cruz les ofreció a las mujeres firmar un convenio que consideraron deshonroso, a cambio de la libertad de sus esposos, por la influencia que tiene la empresa en el gobierno nacional ultraderechista.

Atz también dijo que luego de la liberación de los campesinos las organizaciones y comunidades hicieron fiestas para recibirlos, se amontonó la gente en los caminos para saludarlos, inclusive con la realización de concentraciones, desde la cabecera departamental de Huehuetenango, de mismo nombre, hasta Barillas. Allí hubo una concentración grande en donde la gente manifestó nuevamente su rechazo a las hidroeléctricas y que la resistencia va a continuar, señaló Atz.

Los medios de comunicación corporativos hicieron un cubrimiento casi nulo de la liberación de los campesinos, tema que sí estuvo en la agenda de los medios independientes, según la coordinadora de CEIBA, que agregó que por estos días Hidro Santa Cruz “está ejerciendo presión, tratando de confundir a la población”. Es por eso que las comunidades locales delinearán una estrategia para seguir haciendo frente a la compañía.

Sobre el final de la charla, Atz resumió que no fue fácil alcanzar la victoria de la semana pasada. “Son ocho meses de constante denuncia de todas las violaciones a los compañeros detenidos, los derechos individuales de ellos”, dijo. “(...) Nos alegra que al final tengan su libertad pero no es fácil para el movimiento social”, agregó, antes de subrayar el trabajo jurídico del equipo de abogados y el político de las organizaciones sociales.

“Pero no quiere decir que la justicia esté a favor nuestro en estos momentos en Guatemala. Hay mucha criminalización y el problema de los megaproyectos que nos están causando muertes”, aclaró Atz. Sobre el comienzo del año han habido ya varios conflictos en diversas minas, con problemas inclusive entre trabajadores de las transnacionales del sector, y varios han terminado muertos, añadió.

De todas maneras, “nosotros también le vamos a dar seguimiento, acompañamiento a otro proceso que está todavía vigente, del caso del 1º de mayo (de 2012), del asesinato precisamente (de Andrés Francisco Miguel), en donde hay dos personas que fueron pagadas por la empresa, están en prisión y ojalá que ellos paguen por lo que han hecho”. “Entonces la lucha continúa en Barillas, no sólo a nivel comunitario sino también en lo jurídico, el movimiento social también está presente acompañando estas luchas de las comunidades”, cerró la activista.

Foto: http://www.culturalsurvival.org