En la comunidad de El Pedernal más del 50 por ciento de la población está enferma. En la de Palo Ralo pasa algo similar. Así lo denunció a Radio Mundo Real* la activista Reina Gamero, del Comité Ambiental del Valle de Siria, en el marco del Tribunal Popular Internacional de Salud que se hizo el fin de semana en el municipio guatemalteco de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos.

Los análisis clínicos a pobladores del Valle de Siria fueron realizados en Colombia, a pedido del gobierno hondureño, presionado por las organizaciones sociales locales.

El Tribunal de Salud, no vinculante, denunció los abusos de Goldcorp en zonas de Guatemala, Honduras y México. En el caso del Valle de Siria, donde está la mina “San Martín”, la empresa no cumplió con los requisitos “de seguridad para la comunidad ni los empleados”, denunció Gamero. Hay ex empleados de Goldcorp también con problemas de salud.

Uno de los casos más tristes es justamente el de un ex obrero de la compañía, que cumplía funciones quemando envases de cianuro. Hoy tiene leucemia y no ha recibido ninguna indemnización de la empresa, aunque se contaminó y enfermó durante su período de trabajo allí, alertó Gamero. Goldcorp “sólo lo despidió”, agregó.

La activista del Comité Ambiental del Valle de Siria remarcó varias veces que el grupo preferiría no tener tantos elementos para denunciar a Goldcorp. Es que esos elementos existen porque hay varias comunidades enfermas, de lo que “no nos jactamos”. “Es doloroso, porque no quisiéramos tener enfermos en nuestras comunidades, pero los tenemos”, se lamentó Gamero, quien sueña con que el gobierno de su país tenga en cuenta el fallo del Tribunal de Salud “para el bienestar de nuestros pueblos”.

El Jurado del Tribunal, integrado por personas reconocidas internacionalmente por sus trabajos en diversas áreas, entre ellas la de salud, exigió el domingo a Goldcorp que suspenda todas sus operaciones en Centroamérica y garantice la no repetición de sus estragos en Guatemala, México y Honduras.

Asimismo, y entre otras determinaciones, los jueces exigieron a los Estados “cumplir y hacer cumplir las legislaciones nacionales vigentes así como los convenios internacionales, en particular garantizando las normas respecto al consentimiento previo, libre e informado”.

* Entrevista realizada por nuestra colaboradora Grace García, de COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica.

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