La derogación de la ley de promoción de la minería transnacional por parte del gobierno panameño que dirige Ricardo Martinelli es una victoria del pueblo indígena ngöbe-buglé, lograda a través de intensas movilizaciones, reprimidas brutalmente por la Policía y el Ejército panameños. Tres personas murieron durante las manifestaciones. El pueblo ngöbe-buglé tuvo un fuerte respaldo de sindicatos y ambientalistas.

La reforma del Código Minero vulneraba los derechos de los pueblos indígenas plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La norma incentivaba, entre otras cosas, la explotación minera dentro de territorios indígenas.

El coordinador del Movimiento por la Defensa del Territorio del Ecosistema del Archipiélago de Bocas del Toro (MODETEAB), Feliciano Santos, denunció a Radio Mundo Real que durante el gobierno de Martinelli han habido acciones terroristas y militares contra los pueblos originarios, aunque el mandatario centró parte de su campaña electoral en la promesa de respetar sus derechos.

Santos concedió una entrevista a los micrófonos de Radio Mundo Real en el marco del VI Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), realizado del 22 al 25 de septiembre en la comunidad costarricense de Tres Equis de Turrialba, provincia de Cartago.

A fines de 2010 e inicios de 2011 el gobierno de Martinelli sacó a la calle al Ejército Nacional para reprimir las movilizaciones antimineras que se desarrollaban sobre todo en el litoral caribeño del istmo panameño.

Según un comunicado de prensa emitido en agosto por numerosas organizaciones campesinas, indígenas, sindicalistas y ecologistas de Panamá, “durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli han aumentado los esfuerzos para continuar el plan del capital transnacional de privatización, con la subasta de ríos y territorios para la construcción de represas hidroeléctricas en el territorio nacional”. El parte de prensa destaca que las cuencas de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la comarca ngäbe bugle serían las más afectadas.

Santos apuntó que “pese al discurso sobre progreso y desarrollo utilizado por el gobierno y las empresas para instalar los megaproyectos de generación de energía, las comunidades sólo han recibido golpes y detenciones”.

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