Se trata de Margarita Guadalupe Martínez Martínez, integrante de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, a quien meses atrás se le allanó el domicilio e incautó materiales de trabajo en su tarea de defensa de los DDHH en ese estado mexicano.

Según un comunicado de Otros Mundos - Amigos de la Tierra México emitido en las últimas horas “a una semana de dar inicio el Foro Social de los Montes Azules coordinada por Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C. con sede en la ciudad de Comitán, Chiapas, con el objetivo de denunciar y alertar el desalojo violento de comunidades indígenas de la Selva Lacandona para llenar la región de plantaciones de palma africana, y supuestamente recuperar y conservar sin población indígena los Montes Azules según los planes del Gobierno de Chiapas, la señora Margarita Guadalupe Martínez Martínez, miembro de la institución, fue secuestrada por sujetos no identificados quienes le colocaron una bolsa de plástico en el rostro, la hicieron abordar por la fuerza a un vehículo, la golpearon e infringieron tortura psicológica a través de punzadas en los costados de su cuerpo”.

Desde el 8 de noviembre de 2009 le fue allanado su domicilio por lo que se inició una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en la Protección de los Organismos no Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, informan desde Otros Mundos.

El evento previsto para los días 6 y 7 de marzo contará con la cobertura de Radio Mundo Real y tiene como objetivo hacer visibles los casos de desplazamiento de comunidades rurales chiapanecas, “preparando el terreno” a plantaciones forestales, cultivos agrocarburantes y proyectos turísticos.

La organización miembro de la federación Amigos de la Tierra Internacional exige “al gobierno de Chiapas que garantice la vida, integridad y seguridad personal, así como el cese de las amenazas de muerte y el hostigamiento hacia Margarita Guadalupe Martínez Martínez, su esposo Adolfo Guzmán Ordaz y sus hijos menores, y demás integrantes de la asociación civil Enlace, Comunicación y Capacitación. Del mismo modo el gobierno del Estado debe investigar la probable responsabilidad del Presidente Municipal de Comitán de Domínguez en las amenazas muerte, agresiones y hostigamientos referidos, así como las autoridades y diversas corporaciones policíacas que han intervenido en este problema. El gobierno debe realizar una investigación pronta, eficaz e imparcial que lleve a dar con los responsables de estos actos, sancionando a los autores materiales e intelectuales”.

Como antecedentes se insiste en que “no es la primera vez que en Chiapas, en la presente administración, defensores de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de los pueblos indígenas, no sólo han sido amenazados, torturados, encarcelados, detenidos arbitrariamente sino hasta asesinados”.