"Son los gobiernos los que tendrían que asumir gran parte de la responsabilidad de resolver esos conflictos", agregó el activista.

El OCMAL es una red de organizaciones sociales que va de México a Tierra del Fuego (provincia argentina, el extremo sur de América del Sur) y se dedica al seguimiento de conflictos mineros, con la intención de apoyar a las comunidades enfrentadas a empresas y Estados. El Observatorio maneja una base de datos de 165 conflictos.

Padilla fue uno de los jueces del Tribunal Popular Internacional de Salud que se hizo el 14 y 15 de julio en la localidad guatemalteca de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, para denunciar las consecuencias del accionar de la minera canadiense Goldcorp en ese país, México y Honduras. El activista fue entrevistado por la colaboradora de Radio Mundo Real, Grace García, integrante de COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica, que participó del Tribunal de Salud.

Ese tribunal fue una instancia política, ética, no vinculante, que sirvió para sistematizar información sobre los impactos de Goldcorp en las comunidades de San Miguel Ixtahuacán, Valle de Siria (Honduras) y Carrizalillo (México). Allí se ubican las minas de Goldcorp Marlin, San Martín y Los Filos, respectivamente.

“Nosotros dejamos nuestro aporte, hemos querido ser lo más objetivos posible, pero también lo más claros y concretos posible, para dejar un instrumento que no pueda ser desconocido al menos moralmente, éticamente”, dijo Padilla. La idea es que sea una herramienta que de una “base” a las comunidades, que “les contribuya en sus luchas de resistencia”, agregó el juez del Tribunal de Salud.

El jurado estuvo integrado por personas reconocidas internacionalmente por sus trabajos en diversas áreas, entre ellas la de salud. El fallo exigió a Goldcorp que suspenda todas sus operaciones en Centroamérica y garantice la no repetición de sus estragos en Guatemala, México y Honduras. Los jueces exigieron además a la compañía reparación y compensación por sus graves afecciones a las comunidades y el medio ambiente en esos países.

“Condenamos al mismo tiempo la actitud cómplice e irresponsable de los Estados de los países de donde provienen las denuncias, por no asegurar el ejercicio de derechos a las y los afectados por la empresa denunciada”, agregó el veredicto, que también condenó la complicidad del Estado canadiense, por apoyar y promover irresponsables inversiones mineras en América Central.

Las comunidades afectadas por Goldcorp denunciaron en el Tribunal de Salud que sufren enfermedades de la piel, los ojos, abortos, infertilidad, partos prematuros, defectos congénitos y muerte de recién nacidos, daños auditivos, problemas gastro-intestinales, dolores de articulaciones, problemas nerviosos y casos de intoxicación que han llevado a la muerte, entre otras cosas.

Padilla destacó que el Tribunal en San Miguel Ixtahuacán fue el primero que buscó establecer de un modo no científico los efectos en la salud de la actividad minera. “Nosotros esperamos que este proceso abra una puerta para que cada vez más se denuncien estos problemas de salud y se pueda presionar para que los Estados se hagan cargo y se condene también a las empresas”, sentenció el dirigente.

Foto: Grace García, COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica.