Los problemas que enfrentan los Estados Unidos en Medio Oriente para la obtención de sus carburantes ha motivado una brutal ofensiva en el sur latinoamericano y en especial en el Valle del Cauca colombiano con nefastos efectos sobre la naturaleza, las comunidades locales y la economía toda.

Así lo manifiesta este investigador en diálogo con Radio Mundo Real. “Hay una ligazón tipo Plan Colombia entre la política internacional de Estados Unidos, el gobierno de Álvaro Uribe y los agrocombustibles”, señala. Para ello es fundamental la alianza con las oligarquías terratenientes locales.

Asimismo, masacres a poblaciones por parte de paramilitares coinciden con regiones de prominentes cultivos tanto de caña de azúcar como de palma aceitera, “generando la posibilidad de que los narco-militares ocupen las tierras dejadas por los desplazados” y en las mismas crezcan más cultivos carburantes.

Dos décadas atrás, uno de los clanes paramilitares celebraba ya la compra de su hectárea número 180 mil… y desde entonces mucha muerte, guerra sucia y narcodólares han transcurrido.

Las instituciones estatales encargadas por ejemplo de vigilar las normas medioambientales no actúan en esas regiones y en cambio “esquivan el cuerpo” dejando por tanto un vacío en la presencia del Estado que ocupan las fuerzas coadyuvantes del gran negocio de agrocombustibles que en el caso colombiano se encuentran brutalmente concentrados en una decena escasa de grupos empresarios.

“Esto se vuelve un tema de vida o muerte y las burocracias no toman ninguna posición”, afirma Garcés denunciando que el Estado colombiano es cómplice de las violaciones a los derechos de las comunidades que deben abandonar los territorios para que el gran negocio refinador siga adelante.

En ese sentido señaló que existe documentación científica incontrastable que establece por ejemplo la afectación de las células madres ante el uso intensivo y permanente del herbicida glifosato, empleado tenazmente como madurador de los cañaduzales.

La consecuencia es un aumento en el caso de malformaciones, tumores, alergias de todo orden y otros daños aún no identificados. “Los problemas se vuelven tierra de nadie, necesitamos una autoridad socio-ambiental con un enfoque sistémico, pero todo ello con reales garantías de parte de las instituciones del Estado que siguen siendo las grandes ausentes”.

A su juicio la presencia en los territorios de una misión internacional de alto peso político y social es la única forma de favorecer políticas de cambio de estas realidades dado que “Colombia sin intervención extranjera no cambia nada y aquí nos matan a todos”.