La actividad se realiza en la Plaza de la Democracia exactamente a cinco meses de que Lugo fuera destituido. Asimismo, la jornada de este jueves da continuidad al proceso iniciado el 22 de agosto, cuando las organizaciones sociales presentaron ante el Tribunal Ético una denuncia formal contra el Congreso.

Según informa la agencia Adital, aunque no se trata de un juicio vinculante y que implique obligaciones jurídicas, el procedimiento respeta todas las garantías de un proceso judicial. El Congreso Nacional será defendido por el abogado Guillermo Ferreiro.

En tanto, otra agencia latinoamericana, Prensa Latina, informa que el Tribunal es presidido por un ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lezcano Claude, e integrado por prominentes juristas, investigadores e historiadores del país.

El incumplimiento de los deberes constitucionales del Congreso, y en primer término, su utilización arbitraria de la figura del juicio político, más el uso indebido de influencias y otras prácticas antiéticas y corruptas, constituyen los principales señalamientos recibidos por el Tribunal Ético.

Los integrantes de esa Corte escucharán los alegatos de la acusación y la defensa, y por la tarde cualquier ciudadano participante del juicio ético que quiera dar sus opiniones podrá hacerlo. Está pactado que a la noche, tras la deliberación final del Tribunal, se informe su fallo definitivo.

En tanto, también se prevé que la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia de Paraguay defina otras instituciones estatales y autoridades públicas a ser juzgadas.

Una de las razones argumentadas por el Congreso paraguayo para la realización del juicio político a Lugo fue la actuación de su gobierno en la “masacre de Curuguaty” del 15 de junio, que terminó con el asesinato de 11 campesinos y seis policías.

Ese día unos 50 campesinos sin tierra, entre ellos mujeres y niños, ocupaban el predio Marina Cué, en el departaento de Canindeyú, de unas 2000 hectáreas y a unos 35 kilómetros de la ciudad de Curuguaty. Los campesinos destacan que el predio en disputa es del Estado, para ser destinado a la reforma agraria, pero está ocupado irregularmente por la empresa agrícola ganadera Campos Morombí, que en el momento de la ocupación pertenecía al ex legislador colorado Blas Riquelme, que murió el 2 de septiembre.

En la mañana de ese 15 de junio un operativo con unos 400 efectivos policiales, que incluyó fuerzas de choque especiales, policía montada, un helicóptero, alrededor de 20 patrulleros y varias ambulancias, avanzó sobre el campo y desató la masacre. Además de los 11 campesinos y seis policías asesinados, decenas de campesinos fueron heridos, también policías, y hubo 12 detenidos. La Justicia imputó a 54 personas porque aparecieron en una lista elaborada por los campesinos de Marina Cué de compañeros de militancia que querían tierra y que fue encontrada por la policía. Algunos de los imputados ni siquiera estaban en el predio ese día. Decenas de los requeridos, sobre los que pesan varios cargos, están prófugos. De los detenidos hay varios en huelga de hambre en la cárcel de Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú, y dos de ellos, Felipe Nery Urbina y Juan Carlos Tillería, en estado delicado.

En una entrevista cedida a Radio Mundo Real a comienzos de septiembre, el ex ministro del Interior paraguayo, Carlos Filizzola, que renunció ese 15 de junio, pidió que se investigue seriamente el caso Curuguaty. El ahora senador dijo que no tiene dudas de que esa matanza fue armada, con gente infiltrada en el predio que usó armas de grueso calibre y desató la masacre, para que fuera una causal más para el Congreso a fin de acusar a Lugo falsamente y terminar con su mandato.

Foto: http://www.radioviva.com.py