Allí afirmaron que la demanda de Philip Morris que enfrenta Uruguay en el CIADI -el tribunal de solución de disputas relativas a inversiones del Banco Mundial-, demuestra que ningún país está ajeno a los desafíos que imponen estos Tratados de Protección de Inversiones para la soberanía nacional y para la aplicación de políticas públicas.

“La coyuntura regional está marcada por dos fuerzas que van en sentidos opuestos: por un lado, el gran poderío económico, político y jurídico que tienen las empresas y corporaciones transnacionales. Por otro, la demanda por reformas en el sistema multilateral para hacerlo más democrático y multipolar, para apoyar el derecho al desarrollo de todos los países del mundo”, señalaban los organizadores en la convocatoria.

Karin Nansen, de REDES - Amigos de la Tierra Uruguay, comenzó recordando que los acuerdos bilaterales de inversión “florecieron en los años 90”, y que muchas organizaciones de América Latina empezaron a analizar esta problemática en 2004, entre otras cosas porque la relación inversor-Estado era también un componente importante en los TLC que se discutían por esa época.

Luego, en febrero de 2010, Philip Morris presentó su demanda ante el CIADI a raíz de las políticas anti-tabaco de Uruguay, alegando que estas disposiciones violaban el tratado bilateral de inversión entre Uruguay y Suiza.

Entre otras cosas, la tabacalera argumentó que Uruguay violó los derechos de propiedad intelectual y que eso configuraría una expropiación. A pesar de que en una primera instancia debió intentar litigar en Uruguay, la Philip Morris replicó que en otros tratados de protección de inversión que suscribió el país sudamericano no estaba incluido ese requisito de iniciar el proceso en el país en el que está radicada la inversión.

Nansen hizo hincapié en que Uruguay argumentó que la corporación tabacalera, en realidad, no hizo una inversión en el país, y por eso no corresponde que el CIADI arbitre en este caso.

“Eso abrió un debate interesante, de cuándo una inversión implica desarrollo y cuándo afecta ese desarrollo. Tenemos que discutir cuál es el marco más conveniente para este desarrollo”, planteó Nansen.

Sebastián Valdomir, también de REDES - Amigos de la Tierra Uruguay, recordó que en 2004 Uruguay sometió a plebiscito una reforma constitucional del agua, y se resolvió que todas las privatizaciones del agua pasan a ser ilegales y que las concesiones debían caer.

En ese contexto, la empresa Suez, que tenía los servicios al este del arroyo Maldonado, le hizo saber al gobierno que la empresa podía ampararse en el tratado de inversiones Uruguay y Francia, y litigar contra el Estado. “El primer gobierno del Frente Amplio tuvo que negociar y pagó la indemnización. La decisión del soberano se vio coartada por las presiones corporativas”, graficó Valdomir.

Otro ejemplo citado fue el de la segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. En ese caso, la empresa belga Katoen Natie amenazó en ese mismo sentido y terminó incidiendo en la elaboración de las políticas públicas, en este caso en materia logística.

“La amenaza corporativa restringe los márgenes de maniobra de los gobiernos”, concluyó Valdomir, que también puso como ejemplo los argumentos del consorcio Montes del Plata –formado por capitales Finlandia y Chile- al momento de oponerse al Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR).

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