Los últimos resquicios democráticos que aún presenta el sistema político colombiano (CP91, Estado social de Derecho, Corte Constitucional y participación ciudadana) han sido herramientas dinámicas para defender la vocación y usos del suelo territorial, las autonomías territoriales y la participación ciudadana directa. Es el caso de las consultas populares de Tauramena, Piedras, Cajamarca y Cabrera, y la Iniciativa Popular Normativa de Cerrito –Santander–, que han decidido modelos propios y sustentables de vida y economía municipal –regional–, contrarios al avasallante modelo económico extractivista petrolero, minero, energético y agroindustrial, generador de enormes plusvalías financieras para el mercado global pero con cuantiosos pasivos socio-ambientales no cubiertos, constituidos en deuda ecológica territorial.

Restringir aún más estos mecanismos participativos por parte del régimen político en anuencia con el mercado global (proyectos de ley para limitar las consultas populares, consultas previas), implica fortalecer la seguridad jurídica que busca atraer la inversión transnacional, defender la utilidad pública y el interés general* (del mercado). A su vez implica vaciar las ciudadanías políticas nacionales para asegurar la extracción máxima de la riqueza nacional sin las cortapisas de las “comunidades emotivas” (votantes en las consultas populares), que no conocen lo técnico de la minería responsable, sostenible y eco-amigable.

Este escenario ubica más elementos de contradicción, tensiones y conflictos en los espacios del poder territorial. Por una parte, los municipios y regiones en disputa con el poder del estado central; dos, las apuestas por la diversidad biocultural territorial respecto de la visión homogeneizante nacional y global; y tres, los conflictos de soberanías populares territoriales respecto de las democracias representativas nacionales.

Pero no serán sólo las vías garantistas constitucionales las que posibiliten la defensa de diversidades y economías para la vida ante las economías contra la vida (minero-energético), sino la condición de sujetos históricos alcanzada por las comunidades campesinas y las organizaciones populares ambientalistas, como el gran eco político dejado por la consulta popular de Cajamarca en el Tolima.

* El concepto jurídico de utilidad pública y el interés general (nacional) entra en abierta contradicción con el significado y alcance de la utilidad pública e interés general divergente de las entidades territoriales (municipios, regiones y localidades) y de las comunidades territoriales y locales.