Así se expresó frente a los micrófonos de Radio Mundo Real el campesino argentino Juan Burba, representante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza y del Movimiento Nacional Campesino Indígena de su país (MNCI), parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina).

Fue entrevistado en el marco de la séptima Fiesta de la Semilla Criolla y la Agricultura Familiar que se realizó sábado y domingo en la localidad uruguaya de La Paloma, departamento de Rocha, organizada por la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del país. En esta edición la fiesta se enfocó en la necesidad de protección de la biodiversidad local y de avanzar en una transición agroecológica para la producción de alimentos.

Burba reconoció que las familias campesinas tienen “mucha preocupación” ante la “ofensiva de las transnacionales en todo el continente para modificar las leyes de semillas”, porque las iniciativas legales corporativas “nos criminalizan, a tal punto que hasta podrían quitarnos la posibilidad de producir semillas”.

De acuerdo al representante del MNCI y la CLOC, la ley que pretende aprobar en Argentina el gobierno derechista de Mauricio Macri, con el lobby de las transnacionales, implica que “el productor que vuelva a sacar semilla de la semilla que le compró a la semillera tendría que pagar regalías”. “Inclusive plantea un intento de que haya fuerzas parapoliciales de parte de las empresas que puedan ingresar a los campos que se supone que tienen genética de las compañías para expropiar o quemar cultivos”, relató Burba. “Criminalizan algo que ha sido ancestral: hace 50 o 60 años que existen las empresas semilleras, pero la agricultura -y la selección y mejora natural de las semillas- en el mundo existe hace 12.000”, fustigó.

El mendocino hizo referencia a la buena labor de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay y saludó los estudios científicos en el país que han detectado contaminación transgénica de maíz. Consideró que en su país la situación es mucho más grave porque los transgénicos ocupan más de veinte millones de hectáreas, en comparación con Uruguay, que supera el millón.