La lucha del MOVIAC por la aprobación de esta ley se extendió por más de 15 años. Santos recordó a sus compañeros asesinados por la empresa canadiense Pacific Rim –adquirida luego por la australiano-canadiense OceanaGold-. Marcelo, Ramiro, Dona, Juan, “compañeros que murieron en ese proceso de lucha, nosotros también dignificamos esa lucha y homenajeamos ese esfuerzo y lo vemos como un legado que ellos dejaron al pueblo salvadoreño”, valoró.

La Asamblea Legislativa aprobó la ley por unanimidad, con la presencia de 69 de los 84 diputados que integran el órgano unicameral. Santos destacó el empuje dado por sociedad civil la reunión de diferentes expresiones de la sociedad, como la Iglesia Católica, la UCA y la Mesa contra la Minería. “Ha sido una aprobación unánime, todos los partidos políticos se sumaron, sabemos que muchos partidos de derecha están vinculados a las empresas trasnacionales y a la empresa privada en El Salvador, pero fue tanta la presión que hubo desde diferentes sectores que al final -y como se avecinan los comicios electorales en El Salvador- los partidos no están en la disposición de jugarse la pérdida de votos. Entonces, fue como un momento coyuntural”.

La ley prohíbe la exploración y explotación minera en el país y da un plazo de dos años para que las 1.000 familias que buscan metales en minas abandonadas, puedan reorientar su actividad económica, transmitió Santos. “Como MOVIAC estamos a favor de que a esta gente se les busque un mecanismo de sobrevivencia, porque sabemos de las condiciones económicas del país, pero somos conscientes de que es necesario que la explotación minera en El Salvador se cierre definitivamente en todas las expresiones que sean posibles y la ley lo contempla, eso está muy claro”, sostuvo. Reafirmó que se buscó “prohibir la minería de manera definitiva, sin dejar abierta ninguna condición o posibilidad de poder generar una explotación minera disfrazada de minería verde, de minería responsable, esos son términos inventados por las corporaciones que no son reales. Nosotros tenemos claro que la explotación minera no puede darse si no es que va a contaminar, a destruir recursos naturales”, declaró, incluso si se trata de una explotación artesanal.

Los daños provocados al medio ambiente por la extracción de metales son evidentes. Las comunidades de los departamentos de La Unión y Morazán, en el este del país, todavía padecen las secuelas de las mineras que cerraron hace más de 30 años, señaló Santos. Agregó que en La Unión “el río San Sebastián tiene agua color rojo” y que ni siquiera es apta para que el ganado pueda abrevar; en el proceso de incidencia con la Asamblea Legislativa se logró que un grupo de diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático fuera a hacer un recorrido a ese río “para que logara generarse conciencia de los altos niveles de contaminación”, detalló.

“Nosotros tenemos claro que las empresas vienen, se instalan, explotan, sacan todos los metales y se van con las ganancias y adonde queda todo el problema es en las comunidades, en nuestro país”, explicó. Santos mencionó un informe del Ministerio de Economía salvadoreño que da cuenta que en todo el tiempo que ha estado en El Salvador, Pacific Rim/OceanaGold “no ha generado cantidades de divisas para el Estado, apenas es un 0,3% de impuestos y a pesar de eso no han querido pagar todavía los 8 millones que le ordenó el CIADI en el fallo que salió a favor de El Salvador en la demanda que ellos habían impuesto”. El dirigente se refería a la demanda interpuesta en 2009 por OceanaGold al Estado salvadoreño, por entender que estaba limitando su actividad, y le exigió una compensación de 250 millones de dólares. En octubre de 2016 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, le dio la razón al Estado salvadoreño y obligó a la minera a pagarle 8 millones de dólares, lo que debió hacer hecho en febrero.

“Estas trasnacionales tienen que salir del país, no tiene sentido que la OceanaGold siga en El Salvador a partir de que ya está prohibida la actividad en la cual ellos perciben. Que paguen lo que le adeudan al país, que sanen todos aquellos daños y perjuicios que han ocasionado al medio ambiente y que se vayan, ya no tienen opción de estar aquí”, reclamó el dirigente.

“Esperamos que no vaya a haber una negociación, se sabe que las trasnacionales tienen mucho poder y esperamos que en la Asamblea Legislativa se mantenga firme esa decisión porque incluso ya hemos visto algunos artículos que ha escrito la prensa gráfica en donde dice que la aprobación de la ley es injusta, que se está dejando sin el pan de cada día estas personas que se dedican a la explotación minera de forma artesanal y también que está cerrando la oportunidad de empleo para la gente. Nosotros estamos conscientes de que va a haber una campaña fuerte en contra de la aprobación de esta ley y ojalá los partidos políticos se mantengan firmes, no vayan a estar ya promoviendo reformas. Nosotros estamos muy satisfechos con el contenido de la ley que se ha aprobado y esperamos que así se mantenga, que prevalezca el interés de las mayorías, el interés por la conservación de los recursos naturales y que no vayan a prevalecer como siempre los intereses del gran poder económico”, sostuvo Santos.

Las organizaciones irán por más. Buscarán que el Parlamento Centroamericano legisle a favor de tener un consenso con los países vecinos, como Honduras y Guatemala, porque algunas mineras instaladas en ellos están afectando los ríos de El Salvador.