El documento, denominado “Hechos y Circunstancias Alrededor del Asesinato de Berta Cáceres Flores”, resume argumentos legales para solicitar la clausura definitiva del proyecto.

El Proyecto Agua Zarca es una iniciativa que impulsa la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) desde el año 2009. A tan solo ocho meses de su constitución, DESA suscribió contratos de operación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica.

Como primer vicio de nulidad, el estudio señala que la SERNA otorgó la concesión y la licencia ambiental a favor de Agua Zarca sin que cumpliera con la consulta previa, libre e informada en los términos que dispone el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.

Asimismo, la SERNA concedió ilegítimamente un incremento al volumen de aprovechamiento de aguas del río Gualcarque, así como una ampliación de 20 años sobre el Contrato de Operación del proyecto hidroeléctrico sin la aprobación del Congreso Nacional.

Según establece el artículo 205 de la Constitución de la República de Honduras, el Poder Legislativo es el único órgano encargado de aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales, o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno.

A la fecha los juzgados de lo penal han dictado prisión preventiva a ocho personas por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres. De éstas, cuatro sostienen nexos militares y uno es empleado de DESA, lo que vuelve necesaria la ampliación de la investigación hacia posibles autores intelectuales, cómplices y encubridores.

El informe refiere, además, que una investigación conjunta de los casos –proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y el asesinato de Berta Cáceres– posibilitaría la obtención de resultados definitivos y concretos. Actualmente ambos casos se manejan en fiscalías y unidades diferentes. Por su parte, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural no dispone de las herramientas requeridas para profundizar en sus investigaciones.

Con base en los actos de corrupción denunciados en el estudio, Austra Berta Flores, madre de la líder ambientalista Berta Cáceres, presentó este martes 28 de marzo ante la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) una petición para que se investigue esa supuesta red de corrupción que opera en la concesión de proyectos hidroeléctricos y extractivistas.

“Son argumentos válidos para exigir la anulación del permiso de operación de la empresa DESA en el río Gualcarque, y para que la investigación alcance a todos los niveles implicados en el asesinato de mi hija”, sentenció Austra Berta Flores.
La familia de Berta Cáceres presentó la evidencia documentada en el informe ante el Ministerio Público.

Y, a la vez, solicitó una investigación formal de los contratos otorgados por el Estado de Honduras a favor de la empresa DESA.

El informe completo de OXFAM puede verse y descargarse aquí. https://www.oxfam.org/es/node/8431