Fue necesaria la presencia de los agricultores, agricultoras y sus familias en una conferencia de prensa brindada en la propia sede del Ministerio de Agricultura, en Montevideo, para obtener de primera mano la información de cuál era el agrotóxico que terminó con sus producciones de tomate y morrón.

Dada la trascendencia que alcanzó el caso, así como las presunciones por la demora en contar con la información de laboratorio, las autoridades decidieron ventilar la información ante los medios antes aún que informar a los denunciantes, provenientes del departamento de Canelones. La presencia de estos en la sala ante las cámaras y micrófonos, terminó forzando una reunión que les trajo algo más de calma al identificarse el veneno y establecerse el nexo causal entre el manejo del agricultor extranjero y el uso de un potente herbicida.

El encuentro también arrojó tanto a los afectados como a la opinión pública la certeza de que el tema se entenderá en el tiempo y que puede transformarse en un caso testigo que fundamente la expulsión de cultivos en el principal territorio productor de alimentos frescos de Uruguay.

Picloram

“Hemos detectado la presencia de un herbicida, picloram, en concentraciones que sin dudas explican la afectación de los cultivos de los productores”, declaró tras detallar técnicamente la pesquisa de principios activos realizada sobre las muestras de agua, suelo y plantas, el Director General de los Servicios Agrícolas de la autoridad ministerial, Federico Montes.

Se trata de un herbicida sistémico que suele acompañar los “coctails” de agroquímicos empleados en cultivos extensivos de maíz y soja, sumándose al glifosato (Round-UP) y al poderoso 2,4-D. Si bien está autorizado su uso en Uruguay y es de empleo corriente, la propia empresa de origen argentino que lo aplicó lo hizo en una dosis 8 veces superior a lo recomendado en la etiqueta comercial, lo cual de acuerdo a la regulación vigente en Uruguay, representa una falta.

El no haber sido registrada su aplicación, según señaló Montes en rueda de prensa, representa un “agravante”.

La alta residualidad del producto hace inviable cualquier producción por al menos seis meses en los suelos bajo cubierta que recibieron el picloram.

Estas constataciones dan inicio a una etapa de sumario para sancionar a los responsables, que se encuentran identificados, señalaron las autoridades en la ronda de prensa. El director informó que se hizo un estudio del agua del pozo que se usa para consumo humano, y el mismo no presentó residuos de agroquímicos, por lo que está apta para su consumo.

“Un verdadero disparate”

En tanto, Eduardo Casanova, uno de los afectados con la pérdida total de ocho invernaderos, manifestó alivio al conocer los resultados y explicó que las familias afectadas intentarán retomar su ciclo productivo antes de la llegada del invierno, a través de ayudar recibidas desde la Agencia de Desarrollo Rural de la intendencia del departamento.

“Nunca pensamos que a pesar de ser (productores) chico tuviéramos este apoyo”, indicó y resaltó el compromiso del Director de dicha agencia Matías Carámbula. “Las dosis empleadas de este herbicida son verdaderamente un disparate”, agregó. Las siete familias afectadas, además, iniciarán demandas legales contra la empresa. Los plazos, como siempre en estos casos, no acompañan la necesidad de las familias afectadas.

Delma Saravia, una de las agricultoras afectadas, también accedió a dialogar con Radio Mundo Real , manifestando que la principal pérdida para las familias agricultoras es el haber perdido la tarea cotidiana. “Lo que queremos es trabajar y con esto que nos pasó no podemos hacerlo. Eso nos trae mucha tristeza”, dijo la agricultora de 34 años junto a su hijo Valentino, que supera el año de edad.

Puntos ciegos

Aunque a ojos de la autoridad en materia agrícola, como lo es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se trata de un caso de “uso irresponsable” de agroquímicos, el caso de “La Armonía” dará pie a una discusión profunda desde el poder legislativo (Junta) departamental que puede declarar a ese departamento como “libre” de cultivos agrícolas extensivos.

También los movimientos de productores y productoras familiares, junto a movimientos ambientalistas han llamado la atención sobre los puntos ciegos en la normativa para el uso de agrotóxicos, dado se se invisibiliza en las mismas las viviendas rurales “aisladas”, es decir aquellas que no conforman un “centro poblado”.

El “caso La Armonía” dejó claro asimismo que el “uso irresponsable” es parte de una lógica de empleo concentrado de biocidas en la agricultura, que parte de un modelo de “agricultura sin agricultores” y sin población rural. Que la indignación que cundió en la opinión pública involucrada al conocerse el caso se transforme en impulso para un cambio de modelo y sistema productivos, parece ser el desafío.