“Entendemos que es fundamental tener un tratado vinculante que discuta la dimensión del comportamiento de las empresas transnacionales en los países con la connivencia de los gobiernos de esos países”, comenzó respondiendo Höhn a la pregunta de por qué el MAB se suma a este proceso de seguimiento y presión.

En particular, en relación al movimiento al que pertenece, el militante afirma que “no existe una política justa, clara, de compensación o de diálogo con las poblaciones afectadas”; y prosigue: “en el marco de estas negociaciones, podremos quizás proponer a las Naciones Unidas, un documento que defina leyes, normas en relación al comportamiento de las empresas para que no cometan más violaciones de Derechos Humanos, principalmente en los pueblos del sur”.

Intereses poderosos

Durante esta semana de negociaciones, buena parte de los países económicamente fuertes ha defendido la idea de las “directrices voluntarias” sobre transnacionales y derechos humanos por sobre la idea de un tratado vinculante: “Existe una fuerza muy fuerte que viene de las propias empresas. Son países fuertes económicamente, y tienen más peso político. Pero existe un conjunto de países que se está sumando a la propuesta de un tratado vinculante, que asumieron el compromiso de adoptar estas políticas, y que van a tener que unir esfuerzos para hacer el enfrentamiento correcto contra los países que rechazan estas medidas”, analiza Höhn.

Una muestra de la impunidad corporativa

Una de las luchas fuertes que lleva adelante el MAB actualmente, tiene que ver con el crimen ambiental cometido por la empresa Samarco, propiedad de las multinacionales Vale y BHP Billiton, en el que un dique de contención se rompió y liberó millones de toneladas de barro tóxico en la localidad de Mariana, estado de Minas Gerais, en 2015.

Además de matar a 19 personas, el crimen dejó a centenas de miles de personas afectadas directamente por la pérdida de sus campos y hogares, y por la propia “muerte” del río Doce, del que dependían miles de pescadores artesanales.

En relación a este crimen, que va a cumplir un año impune el próximo 5 de noviembre, Rogerio afirma: “lo que ocurrió en Mariana, es la prueba de que hay una política de negación de derechos humanos. Y esa misma política adoptada en la región, está presente en otros lados en Brasil”.

Sobre qué cambiaría en una situación como esta la existencia de un tratado como el que se discute ahora en Ginebra, el militante considera que: “podríamos tener más fuerza para obligar a que las empresas paguen las reparaciones, y modificar la conducta que han adoptado”.

“Ahora, cuando no hay ningún instrumento vinculante de este tipo, las empresas crean sus propias leyes, secuestran las estructuras del Estado, por lo tanto no hay forma de garantizar que las condiciones mínimas para que las familias puedan retomar sus proyectos de vida” concluye Höhn en la entrevista con RMR.