Diana es integrante de la Articulación Curuguaty, creada en 2012 para acompañar a los campesinos de la región de Marina Cué acusados por lo que se conociera como “Masacre de Curuguaty”.

Los sucesos ocurrieron el 15 de junio de 2012, cuando centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de predios que habían ocupado por tratarse de tierras fiscales, previamente mal habidas por el latifundista Blas Riquelme.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron 11 campesinos y 6 policías. Sin embargo, la Fiscalía sólo investigó las muertes de los funcionarios del orden público y el incidente sirvió de base para la destitución del presidente del momento, Fernando Lugo, del Frente Guazú, a través de un sumario juicio político.

Diana dijo a Radio Mundo Real que cuatro de los condenados pudieron recuperar su libertad, ya que los cuatro años en prisión complementan la condena ordenada por el tribunal.

La Articulación Curuguaty ha planteado que los acusados son inocentes y que existen múltiples factores que hacen inaceptable el resultado. La apelación será inmediata, en tanto se llama a la solidaridad internacional para no dejar solos al resto de los condenados.

La organización de mujeres CONAMURI definió el fallo como "una tenebrosa demostración de terrorismo de Estado para escarmentar a los movimientos populares que luchan incansablemente por los derechos económicos, sociales y culturales, por los derechos campesinos y por los derechos humanos. Mientras, por un lado, la Justicia apunta con dedo inquisidor hacia humildes campesinos sin tierra, por otro, el acaparamiento y el extractivismo continúan creciendo impunemente, la oligarquía rural se enseñorea sobre territorios de la agricultura campesina e indígena y las comunidades van despoblándose en medio de un interminable mar de soja que devora todo a su paso", dijo la organización de mujeres en un comunicado.

Por qué no

La publicación independiente paraguaya E’a ha enumerado algunos factores que desacreditan totalmente la sentencia: en primer lugar no se investigó la muerte de los 11 campesinos y la acusación fue genérica, es decir que la fiscalía acusó genéricamente a los campesinos procesados de homicidio doloso en grado de tentativa, porque admitió que no podía determinar qué campesino mató a qué policía.

Asimismo, ha sido demostrado por la defensa que se trata de tierras fiscales y no de particulares y además no se investigaron las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y torturas. Toda la investigación fiscal policial se concentró solo en las muertes de los seis policías. El hecho revela una parcialidad flagrante.

Desmontando Curuguaty

Para ampliar la información sobre este caso, ver el siguiente video producido por Servicio Paz y Justicia, el SERPAJ-Paraguay.