La dilucidación judicial del caso, en tanto continúa siendo entorpecida por constantes postergaciones y esta misma semana se vio aplazada la audiencia oral hasta finales del mes de julio.

De acuerdo a un informe elaborado por la Coordinadora Paraguaya de Derechos Humanos, Marina kue, el escenario de la masacre de Curuguaty, “es un caso que por sí solo cuenta la historia de las tierras malhabidas en Paraguay. El caso retrata la dinámica institucional de robo del patrimonio público y cómo se entrecruzan los intereses económicos y políticos sobre el territorio”.

Se trata de dos mil hectáreas reivindicadas por los campesinos que habían pertenecido a la empresa latifundista La Industrial Paraguaya s.a. y que luego donaría a la Armada Paraguaya para que instalara un destacamento ahí, en una época en la que el territorio se empezaba a colonizar. “La donación fue aceptada y el inmueble fue efectivamente ocupado por un destacamento que se mantuvo operativo hasta finales de 1999. El inmueble se deslindó y amojonó. Sin embargo, la transferencia del título de propiedad nunca se efectuó, debido a contratiempos burocráticos.

Prosigue el informe: “Mediante la intervención y movilización de una organización campesina, se consiguió que en el año 2004 las tierras se desafectaran de la Armada y se pase la donación al INDERT, declarándolo de interés social para los fines de la reforma agraria. Cuando el INDERT estaba realizando los trámites del juicio de mensura judicial para la transferencia del título, la empresa latifundista Campos Morombí S.A. —propiedad del político colorado y empresario Blas N. Riquelme— obtuvo en el tiempo récord de cinco meses una sentencia que le otorgó la supuesta propiedad por usucapión de las tierras. En un proceso a todas luces fraudulento, Riquelme consiguió que el juez Carlos Goiburú de Curuguaty, no le diera intervención al Estado en el juicio, para defender sus derechos sobre la propiedad donada. La familia Riquelme posee en el lugar unas 70.000 hectáreas de tierras, entre propiedades compradas a LIPSA y otras adjudicadas por el IBR como tierras malhabidas”.

En ese escenario y en un contexto político de presión de coporaciones biotecnológicas como Monsanto y mineras como Río Tinto ALCAN buscando permisos por parte del estado paraguayo bajo el gobierno del ex obispo Lugo es que se da la masacre, que representó la muerte de quince campesinos y un policía.

A cuatro kilómetros de donde sucedieron los hechos vive Martina Paredes, dos de cuyos hermanos –Fermín y Luis Agustín- perecieron en la masacre. Con ella dialogamos para Radio Mundo Real y en la entrevista Martina denuncia una justicia que busca criminalizar a los campesinos y en cambio no ha logrado exhibir evidencias de que estos hayan emprendido la violencia aquel día.

Escucha la entrevista a Martina Paredes de la Comisión de Familiares de Víctimas de Marinakue, en audio adjunto.

Más información en: http://quepasoencuruguaty.org/