En 2012, un grupo de 20 países liderados por Estados Unidos y Australia iniciaron negociaciones altamente reservadas con el objetivo de impulsar la creación de un instrumento de liberalización comercial a nivel internacional: el Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés).Desde que tomaron conocimiento de las negociaciones, redes de organizaciones y sindicatos como la Internacional de Servicios Públicos (federación sindical a nivel mundial de ese sector), rechazaron el acuerdo, denunciando que aplicar reglas de mercado a los servicios públicos, significa la pérdida de soberanía de los países del sur, en el sentido de que sus estados pierdan sectores estratégicos para su desarrollo (comunicaciones, servicios financieros, de educación, salud, etc) en beneficio de corporaciones transnacionales, vulnerando por lo tanto garantías de acceso a la población, de derechos a la educación, salud, seguridad social, entre otros.