Se trata de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, líderes de la oposición a las hidroeléctricas en el norte de Huehuetenango quienes fueron apresados mientras caminaban por la sexta avenida de la zona 1 capitalina.

El Ministerio Público acusa a Juárez por hechos de resistencia a la liberación de licencias para la construcción de presas sin acuerdo de las comunidades en el municipio de Santa Eulalia, en Huehuetenango. El rechazo comunitario derivó en la destrucción de algunas de sus maquinarias, aunque los hechos ocurrieron en diciembre de 2013 y Juárez no había recibido orden de captura con anterioridad. Quince meses después de los hechos a ambos líderes se les acusa de coacción, amenazas, incendio y detenciones ilegales.

Su captura se suma a las acciones de sabotaje desde el gobierno guatemalteco a la emisora comunitaria desde la cual las autoridades del gobierno plurinacional informaban de los proyectos extractivos en minería, energía e interactuaban con las comunidades.

Según reporta el periodista Nelton Rivera de Prensa Comunitaria Guatemala, en el momento de la detención, por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), no se mostró una orden de juez competente. Además, durante la detención, mediada por el uso de la violencia, se agredió físicamente al abogado Ricardo Cajas, cuando éste les pidió que se identificaran y mostraran una orden de detención en contra de Rigoberto Juárez.

Los representantes comunitarios detenidos habían viajado a la capital para denunciar las violaciones de la que fueron objeto autoridades ancestrales y varios periodistas el pasado 19 de marzo del presente año, cometidas por el alcalde Diego Marcos Pedro, miembros de la corporación municipal y personas afines a las autoridades.

Las autoridades ancestrales Q’anjob’al fueron agredidas por la corporación municipal el jueves 19 de marzo durante una actividad pública para la apertura de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob, durante 4 horas fueron agredidas verbal y psicológicamente, también fueron amenazadas y por esta razón una delegación viajó a la capital para realizar las denuncias ante la Fiscalía de delitos contra Defensores de los DDHH del Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala.

Tras conocerse la detención de Juárez, las organizaciones y autoridades comunitarias permanecen en alerta.

Desde el año 2011 han sido varias las ocasiones en las que representantes del Gobierno Plurinacional han viajado a la capital para denunciar los atropellos que cometen las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Q’anjob’al, concretamente en el caso de la empresa Hidro San Luis, en Santa Eulalia, que de acuerdo con los líderes, atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico.

Esta detención arbitraria se suma a la larga lista que desde el año 2012 se acrecentó como una de las estrategias del gobierno y de las empresas para desarticular la oposición pacífica y organizada de los pueblos frente al modelo de despojo de las empresas, agrega Prensa Comunitaria Guatemala.