La dirigenta que ofició de moderadora del Foro-Taller Palma Africana, Agrocombustibles, y sus efectos en la Seguridad y Soberanía Alimentaria, realizado el 9 de setiembre en La Ceiba, Honduras, afirmó que se tomó la decisión de hacer este evento involucrando a todos los sectores del movimiento social y su balance es positivo: “nos hemos encontrado hoy día ONGs ambientalistas, representantes de pueblos indígenas, feministas, obreros, campesinos, con el objetivo de poner sobre la mesa la producción sobre monocultivos, y buscar una alternativa en conjunto, tanto las alianzas que vienen de otros países, como las organizaciones de Honduras. Celebro la participación masiva que ha habido en esta actividad”.

El hecho de que el Estado esté desarrollando una política de promoción y fomento de monocultivos es grave en varios sentidos, señala Miriam; uno de ellos tiene que ver con la consecución de soberanía alimentaria para el país: “si no se privilegia la producción de frijoles, arroz, maíz, y en detrimento de eso se impulsa la palma africana ahí hay un problema. Y esto es algo que se ha ido incrementando en los últimos 5 años. Donde plantábamos alimentos antes, estamos plantando palma africana. Incluso se está dando el colmo de estar teniendo que importar frijoles de otros países”.

Los monocultivos de palma aceitera ocupan actualmente unas 125 mil hectáreas de 1,8 millones de tierras cultivables con las que cuenta Honduras, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés). En marzo de este año, el ministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Paz, anunció que el gobierno va a destinar 71.9 millones de dólares con la intención de duplicar el área cultivada con palma. Actualmente el país ya es el octavo productor y exportador de palma a nivel mundial.

Las consecuencias de este avance se hacen sentir en varias poblaciones indígenas y campesinas hondureñas. En particular, la población indígena garífuna según expresa Miriam, tiene alrededor de 75% de su territorio rodeado por monocultivos de palma africana. Los desplazamientos generados tanto por estos y otros agronegocios, así como también por la narcoactividad, además de afectar a las comunidades garífunas en su soberanía alimentaría, están impactando profundamente su “identidad cultural”, arraigada “en los recursos y bienes que están en los territorios”.

Resistencia viva

La comunidad garífuna en los últimos años, ha recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender sus derechos ante un Estado que no sólo dejó de reconocérselos, sino que pasó directamente a ser el principal violador de los mismos, especialmente a partir del golpe de Estado de 2009.

No obstante, según señala Miriam, la resistencia principal al avance ilegal de los monocultivos se da en los territorios: “Nosotros hacemos campamentos de resistencia, tenemos ya varios. Hacemos resistencia viva, instalando campamentos en la reocupación de territorios de los que las comunidades han sido desplazadas. En esos campamentos la lucha es diaria”.

Escuche la entrevista completa con Miriam Miranda en el archivo adjunto