Un denso tejido de bufetes legales, acuerdos de protección de inversiones “recíprocas”, instituciones multilaterales garantistas del derecho al lucro por encima del humanitario y campañas de marketing lo hacen viable, lo optimizan y legitiman hasta transformar a las empresas victimarias en víctimas.

Víctimas que además reclaman onerosas indemnizaciones. Y logran la alquimia de transformar a su propia impunidad en una nueva fuente de ganancia.

Así lo demostró el trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que sesionó el pasado lunes 23 de junio en la ciudad suiza de Ginebra en el marco de la semana de movilizaciones contra el crimen corporativo, analizando casos de actuación de trasnacionales en Nigeria, Colombia, Uruguay, Guatemala, Filipinas Zambia, Perú, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Ecuador y Palestina.

Las empresas sentadas al banquillo fueron la suizo-británica Glencore, Pacific Rim (canadiense), Chevron y Phillip Morris (EEUU), Lonmin (Reino Unido), Shell (holandesa-británica), Mekorot (Israel), la filial colombiana de Coca-Cola e Hidralia Energía de Galicia, España.

Entre las múltiples violaciones a los Derechos Humanos constatados por el TPP y resumidos en su Declaración-sentencia final, figura un capítulo dedicado a los derechos vinculados a la vida (alimentación, medio ambiente sano), otro que hace referencia a la privatización de bienes públicos y del agua, junto al despojo de tierras y territorios (la mayoría de las trasnacionales analizadas son de carácter extractivo). Se identificó a través de los testimonios reunidos muy cerca de la Place du Cirque, así como a sendos resúmenes documentales entregados a los miembros del jurado del Tribunal que las corporaciones recurren al ataque a los derechos de las mujeres, derechos laborales y el uso sistemático de trabajo infantil, así como una persecución –por vías violentas, pero también de amedrentamiento mediático y judicial– de defensores y defensoras de los Derechos Humanos.

Pero, agudizando el escenario, también el acceso a la justicia en los ámbitos nacionales se torna cuesta arriba para las víctimas, individuales o colectivas. En palabras del jurado: “En los casos tratados, el acceso a la justicia y a la reparación por parte de las víctimas se ve gravemente afectado por la falta de recursos, así como por las implicaciones políticas y de seguridad, y aún más por las asimetría de condiciones para litigar”.

En las dos puntas de este lazo, estados receptores de las inversiones trasnacionales, como los que sirven de sede y se benefician de sus remesas, el jurado encontró “complicidad”, por acciones u omisiones en el avasallamiento de derechos humanos.

Estos dos vértices, junto al accionar de las propias empresas y la institucionalidad supranacional padronizada en el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) del Banco Mundial, representan las cuatro esquinas de la proporción áurea de la “arquitectura de la impunidad” a la que se refiere el TPP y en base a la cual se traza la estrategia de la campaña para “desmantelar el poder corporativo” que integran un centenar y medio de movimientos sociales, articulaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil en los cinco continentes.

Romper la lógica de la voluntariedad

Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco (UPV) miembro del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (HEGOA), Juan Hernández Zubizarreta es autor de diversos libros y artículos relacionados con las trasnacionales, los derechos humanos y la crisis de los sistemas normativos.

“Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: Historia de una asimetría normativa” y “El negocio de la responsabilidad”, ambos de 2009, son algunos de los libros dedicados a esta temática que llevan su firma. Pero Juan es también un militante, dentro del Estado Español y a nivel internacional. Por ejemplo, en la Red Enlazando Alternativas y en el TPP, cuya audiencia ginebrina presidió.

Desde ese encuadre dialogó con Radio Mundo Real, ya conocida la resolución por parte del CDH (ver nota principal). Siguen algunos elementos centrales de sus reflexiones.

El TPP está jugando un papel muy importante en la denuncia de la impunidad de las ETN. Sobre todo en la sentencia de Madrid de 2010 establece una doctrina que la audiencia de Ginebra (2014) continuó. Esa doctrina muestra cómo la violación de los DDHH por parte de las trasnacionales es algo sistémico y sistemático. El TPP también ha establecido que la impunidad de las corporaciones se articula en cuatro vértices: claramente el de la propia ETN, del país donde estas empresas tienen “patria”, es decir el país sede, el estado receptor y por último las instituciones multilaterales. No es ajena la impunidad con que actúan las trasnacionales, a las políticas del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio o la arquitectura de acuerdos de protección de inversiones y comercio ya sea en su versión regional, bilateral o multilateral.

En Ginebra vimos que este esquema sigue reproduciéndose y que nos encontramos frente a una arquitectura de la impunidad.

El TPP no solamente denuncia sino que también propone: la característica ética y moral de sus resoluciones es también un llamado a los estados y a las instituciones internacionales a que terminen con esta impunidad. Y para terminar con la impunidad como lo ha planteado el TPP en su acumulado histórico, hay que romper con la lógica de la voluntariedad que invade instituciones internacionales como las Naciones Unidas.

Los dos ejemplos en esa esfera son los por un lado el Global Compact (Pacto Global) y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Principios Ruggie). Son dos expresiones de voluntariedad que son incapaces de controlar a las trasnacionales. Conviene conectar esa voluntariedad que es la idea de la asimetría normativa. El poder de las trasnacionales es político, económico y es también un poder jurídico. Es decir, sus derechos están defendidos por normas profundamente coercitivas y profundamente ejecutivas. Y están profundamente protegidos. Un ejemplo es el caso de la empresa Chevron-Texaco contra Ecuador. Allí, desde el punto de vista de la técnica jurídica se ve perfectamente cómo la trasnacional, con la ayuda de sus países de origen que son también los países dominantes, reinterpreta las reglas de jurisdicción y hace que una sentencia perfectamente válida y legítima al interior de Ecuador sea recurrida a los Estados Unidos y por esa vía se impida su ejecución. También podemos comprobarlo con los “fondos buitres” contra Argentina. La arquitectura jurídica es muy fuerte y de obligado cumplimiento.

El Derecho Internacional y los Derechos Humanos tienen dificultades para neutralizar el poder de las grandes trasnacionales. Esta asimetría nos lleva a que al interior de Naciones Unidas se ha avanzado hacia normas de voluntariedad, de principios genéricos pero sin ningún tipo de control o seguimiento. Esto lo que hace es lavar la cara a las trasnacionales. Éstas han ido cooptando el interior de esta estructura y acercándola a normas de carácter no vinculante y colocando frenos a normas de obligado cumplimiento.

Lo que ha ocurrido en el CDH es un paso muy importante, que abre espacios a la aparición de una posible norma obligatoria. Pero cuando se habla de un triunfo histórico, es un triunfo fundamentalmente de las luchas de resistencia, de los movimientos sociales y de la lucha de miles de personas en todo el mundo en resistencia contra las trasnacionales. A veces uno tiene duda si se avanza y creo que esta es una expresión de que sí se avanza. No basta con decir que habrá una norma internacional, hay que hablar sobre contenidos. Y los perdedores en esta pequeña batalla, las grandes potencias, están enfadados y van a hacer todo lo posible para dinamitar el proceso.

Escucha la entrevista con Juan Hernández Zubizarreta en audio adjunto.