Villalba es uno de los cinco campesinos del caso Curuguaty a los que el 12 de abril se les había otorgado prisión domiciliaria, luego de 58 días de huelga de hambre en Tacumbú y de haber sido derivados al Hospital Militar. Villalba, junto a Adalberto Castro, Néstor Castro, Felipe Benítez y Arnaldo Quintana, abandonó el Hospital Militar el 15 de abril, luego de unos días de recuperación y justo cuando los detenidos completaron 22 meses de prisión preventiva. Pero enseguida Villalba fue apresado nuevamente.

El campesino es acusado de haber invadido en 2008, en una acción del Movimiento Campesino Paraguayo, un inmueble de la compañía Naciente, en la zona de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, cerca de donde ocurrió la masacre de Curuguaty el 15 de junio de 2012.

El abogado defensor del dirigente campesino, Joaquín Díaz, había presentado el lunes un pedido de revisión de medida ante el Juzgado de Curuguaty, para que Villalba fuera liberado de la prisión por la causa de 2008.

Según el medio paraguayo Úlitima Hora.com, el fiscal del caso de Yasy Cañy, Alfredo Mieres, a pesar de haber formulado la imputación contra Villalba, solicitó después la cancelación provisional por falta de contundencia de los elementos recogidos para el enjuiciamiento. El pedido de sobreseimiento fue presentado el 23 de marzo de 2013 ante la jueza Janine Ríos, quien según el Código Procesal Penal tenía 10 días para hacer la audiencia preliminar. Pero pasó más de un año y la magistrada no realizó esa audiencia, e incurrió así en mal desempeño de sus funciones, según argumentó el abogado Díaz.

Está vigente una prisión preventiva contra Villalba dictada el 3 de octubre de 2013 por el juez penal de Garantías de Curuguaty, José Benítez. No obstante, Díaz solicitó a la jueza Ríos que revocara la medida sin esperar la realización de la audiencia preliminar, y que así atendiera el pedido de la Fiscalía de la cancelación provisional.

En otro orden, el Fiscal General del Estado paraguayo, Javier Díaz Verón, se comprometió con representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY), de varias organizaciones sociales, familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty y referentes sociales y religiosos nacionales, a conformar un equipo encargado de auditar la carpeta fiscal del caso Curuguaty.

Ese equipo debería en 15 días de trabajo remitir un informe a Díaz Verón que le permitiría adoptar, o no, algunas decisiones. El Fiscal General también asumió el compromiso de ordenar diligencias que contribuyan a esclarecer las muertes de los 11 campesinos aquel fatídico 15 de junio de 2012 en el predio de Marina Cué, Curuguaty.

Esos compromisos fueron asumidos por Díaz Verón en una reunión mantenida el 14 de abril con los referentes de derechos humanos, sociales y religiosos. La CODEHUPY particularmente está integrada por 34 redes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos, y constituye el capítulo paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).

Según explica la CODEHUPY en su web, la audiencia con Díaz Verón se realizó con el objetivo de acercar una serie de preocupaciones al Fiscal General respecto a la actuación del Ministerio Público en las diferentes etapas del proceso judicial sobre el caso Curuguaty. Hubo “numerosas irregularidades cometidas por el fiscal del caso, Jalil Rachid, las cuales constituyeron y constituyen violaciones al debido proceso, al acceso a la justicia y al derecho a la defensa”, dice el portal.

La Coordinadora detalla que las principales preocupaciones sobre la actuación fiscal giran en torno a: la acusación que sostiene el Ministerio Público sobre invasión de inmueble ajeno, sin que se haya definido la titularidad de las tierras de Marina Cué en el ámbito judicial; la falta de investigación de las muertes de los campesinos, atendiendo a una investigación de la CODEHUPY que arrojó que al menos 7 de los 11 habrían sido ejecutados; las graves violaciones al debido proceso producidas en la actuación fiscal, como las pruebas introducidas sin el debido detalle y el impedimento de acceso a la defensa para su evaluación; la falta de toma de testimonios de las y los campesinos víctimas de la masacre.

Lo manifestado al Fiscal General es concordante con las observaciones dirigidas al Estado Paraguayo por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el caso.