El Tribunal de Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú, modificó de oficio la prisión preventiva sobre los cinco campesinos y les otorgó la prisión domiciliaria, reclamo central de la huelga de hambre que había empezado hacía casi dos meses.

Arnaldo Quintana, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori, Néstor Castro y Rubén Villalba habían sido trasladados de la cárcel de Tacumbú, departamento central de Paraguay, al Hospital Militar, por su delicado estado de salud. Conocida la noticia levantaron la medida de protesta.

Tenían “las caras llenas de sonrisas”, informaron las médicas que acompañaban a los campesinos, según contó a Radio Mundo Real este lunes Perla Álvarez, integrante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (CONAMURI) y de la Articulación Curuguaty. Fue una “inesperada reacción estatal” y es “un pasito importante”, señaló Álvarez, que destacó la alegría que implicó esta decisión para la Articulación y para la Comisión de Familiares de las Víctimas de la Masacre de Marina Cué.

Tres días antes de la decisión del sábado el Tribunal de Saltos del Guairá había rechazado el otorgamiento de prisión domiciliaria en la audiencia de revisión de medidas, tras considerar que no habían “elementos nuevos” que ameritaran esa decisión. Luego el Tribunal envió médicos que constataron la situación de salud crítica de los huelguistas.

Conocida la noticia hubo gran alegría entre los ciudadanos que se congregaban frente al Hospital Militar en apoyo a los campesinos. También levantaron la medida de protesta un grupo de mujeres familiares de los detenidos, que se habían encadenado allí luego que el Tribunal de Saltos del Guairá rechazara otorgarles prisión domiciliaria a los campesinos el 9 de abril. Se trataba de Raquel Villalba, pareja de Rubén Villalba, Mirta Benítez, hija de Felipe Benítez Balmori, Elida Benítez, madre de Néstor y Adalberto Castro, y Carmen Paredes, madre de Arnaldo Quintana.

Los campesinos exigían prisión domiciliaria hasta que la Corte resuelva el litigio sobre la titularidad de las tierras de Marina Cué. Los campesinos y el gobierno paraguayo han alegado que se trata de un predio estatal, ocupado ilegalmente por el empresario agrícola ganadero Blas Riquelme (fallecido en septiembre de 2012, luego de la masacre) y su familia.

En la charla con Radio Mundo Real, Perla subrayó el “apoyo internacional extraordinario” que ha tenido la lucha de los campesinos y de las organizaciones que los acompañan, y consideró que este triunfo sirve para “demostrar que la unión hace la fuerza y que el poder popular puede impulsar cambios en un sistema tan perverso como el paraguayo”.

Sin embargo, la integrante de CONAMURI y de la Articulación Curuguaty subrayó que la lucha sigue, y que es fundamental que el juicio contra los campesinos no se realice hasta que la Justicia defina sobre la titularidad de las tierras. La “investigación fiscal no demostró responsabilidad de los compañeros y compañeras”, se hacen “acusaciones vagas”, reivindicó además Álvarez.

Agregó que el objetivo final es “la conquista de las tierras” de Marina Cué. La tierra “es la que nos da la vida y es donde perdieron la vida 18 compañeros”, dijo. “Sabemos que esas tierras son del Estado” y “deben ser entregadas a las familias sin tierra de Curuguaty y zonas aledañas”.

El 15 de junio de 2012 un gran operativo policial entró al predio de Marina Cué para desalojar a unos 50 campesinos sin tierra que reclamaban el terreno (entre los que había mujeres y niños). Durante el desalojo fueron asesinados 11 sin tierra y seis policías. Al menos varios policías fueron abatidos por armas de grueso calibre, que no suelen usar los campesinos. Una de las versiones más fuertes es que hubo francotiradores infiltrados que mataron a los policías y desataron la balacera que se cobró 17 vidas.

Luego, en diciembre de ese año, dos personas enmascaradas asesinaron al dirigente campesino Vidal Vega frente a su familia en la comunidad de Yvy Pytã, a unos cinco kilómetros de Marina Cué, con la Ruta 10 “Las Residentas” de por medio. Vidal Vega era integrante de la Comisión Sin Tierra de los campesinos que luchan por el predio de Marina Cué.