Para este lunes 17 de febrero se tenía programada la audiencia sobre la situación jurídica en el caso de los presos políticos de Santa Cruz Barillas, detenidos el 2 de mayo de 2012 por los acontecimientos ocurridos el día anterior en el marco de la resistencia de ocho municipios del departamento de Huehuetenango a la construcción del sistema de represas que lleva adelante Hidro Santa Cruz, de la española Hidralia SA.

Dicha audiencia se realizaría en la Torre de Tribunales, en la que la Jueza Carol Patricia Flores daría resolución a la situación jurídica de los líderes comunitarios del pueblo Q´anjob´al.

Sin embargo la audiencia nuevamente fue suspendida por un “error de citación” en el sistema penitenciario de Huehuetenango, donde se encuentran recluídos dos de los ocho involucrados en esta causa: Antonio Rogelio Velásquez y Saúl Aurelio Méndez.
La jueza dio indicios que tales errores distan de ser casuales, señalando que el responsable de la penitenciaría de la capital departamental “en reiteradas ocasiones no cumple con las órdenes del organismo jurisdiccional”.

Al no poder llegar a la audiencia, la misma se postergó, por segunda vez consecutiva desde inicios de año, fijándose para el 120 de marzo próximo, en tanto que en Guatemala y España se lleva adelante una campaña por su liberación definitiva y la anulación de los cargos, dado que la construcción del sistema de presas no cuenta con la aprobación de los municipios, quienes se pronunciaron en consultas comunitarias en varias oportunidades.

Según indica la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waquib’Kej las reiteradas postergaciones generan incertidumbre y afectan directamente a las comunidades del pueblo Q´anjob´al y a las familias de los ocho encausados.

En tanto, indica dicha red maya, el gobierno de Otto Pérez Molina a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) continúa otorgando autorizaciones para la implementación de proyectos hidroeléctricos, asociados a proyectos extractivos minero-petroleros. Es decir, profundiza las situaciones como la que ha generado una profunda crisis en Santa Cruz Barillas.

El gobierno guatemalteco autorizó a la empresa ENEL-Guatemala SA a explotar el río Quisil con el proyecto hidroeléctrico “La Cascata” que se encuentra en San Pedro Soloma, Huehuetenango, también en la región del pueblo Q´anjob´al.