En Argentina la presión para que la legislación sobre semillas se adapte totalmente al régimen de la UPOV, tiene en la multinacional del agronegocio Monsanto su principal impulsor. Así lo afirmó Carlos Vicente, integrante de la Alianza Biodiversidad y de la organización GRAIN en su presentación acerca de la situación del país en esta temática durante el seminario.

Monsanto se instaló en Argentina en 1996, y no es hasta 2003 cuando empieza a reclamar sus derechos de propiedad intelectual, en un momento en el que se hace pública la venta ilegal de semillas transgénicas a Brasil y Paraguay. Según afirmó Vicente, a Monsanto le convenía que durante todo ese período se vendieran ilegalmente sus semillas transgénicas, lo cual explicaría que no haya reclamado en todos esos años los derechos de propiedad intelectual.

A mediados del 2012, Monsanto anunció nuevas inversiones en el país, entre ellas la construcción de lo que sería la mayor planta de procesamiento de maíz transgénico de América Latina, en el barrio Malvinas Argentinas de la ciudad de Córdoba. La medida fue ampliamente rechazada por distintas organizaciones y movimientos sociales que mantienen desde hace ya un mes un bloqueo al predio donde la empresa preveía construir la planta.

Seguido de esto, la empresa junto al Ministro de Agricultura Norberto Yauhuar anuncia en conferencia de prensa la aprobación de la nueva soja transgénica RR2 “Intacta” y la modificación de la Ley de Semillas, “considerando las inversiones que significaron para Monsanto”, citó Vicente a Yauhuar. A diferencia de su primer transgénico en Argentina (la soja RR), esta vez la transnacional intenta asegurarse poder cobrar las regalías a los productores que adquieran la semilla mediante la firma de contratos al momento de adquirir las semillas.

Desde los movimientos y organizaciones sociales la reacción a esta nueva embestida de Monsanto viene siendo contundente. Además del ya mencionado bloqueo a la planta de procesamiento de maíz genéticamente modificado en Córdoba, varias organizaciones y movimientos lanzaron una campaña de firmas por la no modificación de la ley de semillas, que ya cuenta con la adhesión de unas 700 organizaciones, y más de 9 000 firmas, contó el integrante de GRAIN.

El amplio rechazo que viene generando la posibilidad de modificación de la ley logró que el proyecto no ingresara al Congreso el año pasado. Desde el gobierno se afirmó que esto ocurrirá luego de finalizadas las elecciones legislativas, que se realizarán este domingo 27 de octubre. Por esto, afirma Vicente, la alerta y las movilizaciones tanto de sectores urbanos como campesinos se mantienen firmes ante esta anunciada amenaza.

En el audio adjunto fragmentos de la presentación de Carlos Vicente.