Durante la primera parte del encuentro representantes de ocho países latinoamericanos se encargaron de compartir la historia y la situación actual en relación con las leyes de semillas, y otros mecanismos de control sobre las semillas a niveles nacionales.

En esa primera puesta en común por países (están presentes Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, México y Uruguay), uno de los elementos comunes, entendido como amenaza al derecho del campesinado, a la biodiversidad y a la soberanía alimentaria, ha sido el sistema de convenios UPOV (sigla de Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales).

El primer convenio UPOV surgió en 1961 con la supuesta intención de generar un sistema eficaz para proteger variedades vegetales. Entre las principales denuncias que hacen las organizaciones y redes presentes en el seminario es de que este convenio lo que ha hecho es privatizar y usurpar variedades vegetales y conocimientos de las comunidades, además de criminalizar crecientemente a estas últimas.

Además este convenio que fue revisado en tres ocasiones (la última en 1991), ha servido de fuente para los marcos regulatorios sobre semillas de los distintos países, más allá de que éstos hayan adoptado o no su última versión.

En este sentido, al describir la evolución del marco legal sobre semilla en Colombia, Germán Vélez del Grupo Semillas manifestó: “tenemos leyes de semillas desde hace más de 20 años, estando todas basadas en el sistema UPOV, y en Colombia nunca esas normas eran restrictivas, o tenían instrumentos para penalizar a los agricultores por el uso de la semilla”.

Sin embargo, continúa Vélez “en el 2006 se modificó un artículo del código penal, que habla de la usurpación de los derechos de los obtentores vegetales, decretando que el que usurpe los derechos de una variedad protegida legalmente o similarmente confundible con una protegida legal, incurrirá entre cuatro y ocho años de cárcel y hasta 1500 salarios mínimos de multa. Entonces se le da herramientas al ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), para criminalizar y penalizar la semilla”.

Como señaló Vélez en su presentación, esta modificación ya está siendo aplicada a campesinos y campesinas de Colombia, así como también ha sido aplicada la resolución 970 del ICA, que establece que “las únicas semillas que pueden circular en el país son las certificadas y registradas”, y mediante la cual se han decomisado grandes cantidades de semillas, además de llevarse a cabo procesos de judicialización de productores.

En el audio se puede acceder a la presentación completa de la situación colombiana presentada por Germán Vélez en el Seminario “Leyes de Semillas: resistiendo el despojo”. Radio Mundo Real publicará las presentaciones de los países presentes en la actividad con respecto a sus marcos legales sobre semillas, además de distintas entrevistas realizadas durante la misma.

Vea documental de Victoria Solano sobre los impactos de la resolución 970 para el campesinado de Colombia.