Los secuestradores apuntaron con armas de fuego y agredieron Maynor, llevándolo en una camioneta (que los pobladores reconocen como uno de los vehículos de la empresa), hasta un lugar alejado de la comunidad, donde se encontraba uno de los helicópteros que lo llevaría hasta la capital Ciudad de Guatemala, en una acción que las comunidades no dudan en considerar como un secuestro.

“Es un plan de agresión e invasión transnacional tutelado por los gobiernos de turno que implantan proyectos de saqueo a nombre de un falso de desarrollo”, afirmó Basilio Tzoy en entrevista con Radio Mundo Real, describiendo el acoso permanente del que vienen siendo víctimas las comunidades guatemaltecas en resistencia a los megaproyectos transnacionales. Una situación que según indica "hace recordar y vivir el conflicto armado interno en Guatemala durante 36 años de guerra".

Años de represión

La resistencia a este proyecto hidroeléctrico ocurre desde 2007, año en que las comunidades rechazan de forma contundente a través de consultas populares, la instalación de megaproyectos en sus territorios. Pero el conflicto siguió y se agravó el 1º de mayo de 2012, cuando hombres armados emboscaron y asesinaron a Andrés Francisco Miguel, hiriendo gravemente también a sus compañeros y vecinos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.

El gobierno de Otto Pérez Molina declaró un Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas ese mismo día, dando lugar a numerosas detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos de los y las pobladoras. Ocho de los defensores comunitarios y territoriales quedaron presos durante más de ocho meses siendo liberados a principios de este año.

Nueva ofensiva violenta

Este es el segundo secuestro del que es víctima Maynor, en mayo de este año el militante fue capturado y torturado en circunstancias muy similares a las ocurridas recientemente. Ahora, el dirigente estaría siendo acusado por “delitos de evasión, robo agravado, atentado con agravación específica e instigación a delinquir”, según informó Prensa Comunitaria.

Sin embargo en el transfondo de estas acusaciones está el hecho de que Maynor fue uno de los fuertes opositores a una mesa de negociación con participación restringida que quiso imponer el día 3 de setiembre, el presidente Otto Peréz Molino junto a la empresa Hidro Santa Cruz a la comunidad. Además del secuestro de Maynor, existen unas 22 órdenes de captura contra defensores comunitarios de Santa Cruz Barillas, para lo cual se han enviado unos 700 efectivos policiales a ese municipio, según cuenta Basilio Tzoy.

La resistencia aumenta

“Santa Cruz Barillas ha estado en Asamblea Permanente, con cerca de 5 mil a 8 mil personas presentes cada vez que se reúnen”, señala Basilio en referencia a la fortaleza que tiene la resistencia a la instalación del megaproyecto.

Agrega además que a la resistencia se han sumado ocho municipios más del departamento de Huehuetenango, además de comunidades del departamento de Quiché, que se encuentran en lucha contra otros proyectos hidroeléctricos.

Por último, Basilio señala que aunque la empresa Hidro Santa Cruz haya suspendido el trabajo en la región, “sus infiltrados siguen en las comunidades, han tenido reuniones, están comprando líderes, y han amenazado incluso sus propios trabajadores”.

En el día de hoy la Asamblea Departamental de Huehuetenango estará difundiendo un comunicado en el que rechazarán las acciones cometidas conjuntamente por el gobierno nacional y la empresa Hidro Santa Cruz en contra de las comunidades en defensa de su territorio.

La entrevista completa con Basilio puede escucharse en el archivo adjunto.