“Con esta sentencia del tribunal se inicia legalmente la criminalización del movimiento independentista galego, activo desde el final de la dictadura franquista, y se abre la puerta para la ilegalización de organizaciones, colectivos o asociaciones de carácter independentista” dijo a Radio Mundo Real Andrés Luca, del Centro Social “A Revolta” de Vigo, organización fundada hace 10 años en esa ciudad gallega.

Este proceso judicial se enmarca dentro de las políticas europeas de represión social, que buscan métodos legales para la destrucción de todas las resistencias que se vienen en la Unión Europea. Un ejemplo de cómo convertir en terrorismo la resistencia social, indicó Luca.

Y agregó que “España busca nuevas cortinas de humo para enmascarar las acciones de su gobierno neoliberal, sumergido en una crisis financiera e institucional de la que no podrá salir sin destruir los derechos sociales conseguidos a lo largo de los 35 años de democracia, situación en la que ya avanzan, a través de la fabricación de un enemigo desvía la atención y provoca una sensación de alarma social”.

Galiza (Galicia) cuenta con un 25% de desempleados; entre los años 2002 y 2011 emigró el 18 % de su población entre 16 y 35 años. La situación antes de la crisis financiera no era muy diferente, siendo uno de los lugares más empobrecidos del Estado español, sin control sobre sus recursos y denigrado como identidad cultural.

Ante el miedo de la fractura de su territorio, mantenido violentamente durante más de cinco siglos, España modifica a su antojo, a través de medidas excepcionales creadas para la situación que les convenga, ley de partidos, ley antiterrorista, Audiencia Nacional, etc., toda una serie de estructuras represivas y condenatorias enmascaradas dentro de su monarquía parlamentaria.

Aunque la sentencia aún no ha sido comunicada a sus familiares, varios medios de comunicación españoles dan cuenta de ella, que incluye acusación de pertenencia a grupo terrorista, portación de explosivos y documentación con fines terroristas. Los condenados son Eduardo Vigo Domínguez, Roberto Rodríguez Fiallega, Antón Santos Pérez y María Osorio López. La defensa de los acusados señala que la sentencia no cuenta con evidencia suficiente y prevé apelar ante el Tribunal Supremo, el Constitucional y el de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La condena a estos cuatro militantes adquiere gravedad al sentar el precedente de considerar a “Resistencia Galega” como grupo terrorista. Las cárceles del Estado español han sido sindicadas como sitios de tortura a presos políticos.

Galiza no es el único país dentro del Estado español que demanda su soberanía: Catalunya y el País Vasco (Euskal Herria) avanzan hacia la independencia, después de años de lucha, social, política y aún armada, que resistió la ofensiva española.