Así lo comentó en entrevista con Radio Mundo Real el abogado defensor de Berta y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Marcelino Martínez, en enlace telefónico desde Tegucigalpa a tres días de concretarse la audiencia.

Tras reseñar el contexto de lucha por el río Gualcarque y en resistencia contra el proyecto de hidroeléctrica conocido como Agua Zarca que rodeó a la detención de Berta, el abogado señaló que enfrentarán con argumentos la instancia de juzgamiento sin tomar el “atajo” de admitir la “culpabilidad” y pagar una multa económica debido a que todo el procedimiento de inculpación se realizó sin cumplir con las normativas legales. El testimonio de Martínez desmonta la veracidad del operativo contra Berta, señalando que la presunta arma que portaba la activista fue “incautada” en la cajuela trasera del vehículo, lo cual hace improbable que la portara para defensa o para agredir. Asimismo, resumió que no se investigó la propiedad del arma que es la único pieza utilizada por la Procuraduría en contra de la luchadora social.

“Los miembros del Ejército (quienes registraron el vehículo de COPINH donde se trasladaba Berta y el comunicador indígena Tomás Gómez) están formados para enfrentar enemigos y se le dio a Berta el trato de enemigo, no de persona con derechos. El procedimiento no se cumplió y está pringado de nulidad”, resaltó el jurista

“Este caso aparte del contenido de tipo jurídico tiene un amplio contenido político”, analizó Martínez. “Cuando una autoridad militar siembra en el carro de una luchadora social, no sigue los procedimientos, todo el juicio se daña de nulidad”.

El procedimiento, agregó, “es el resultado de una estrategia sucia del Ejército de Honduras y por ser defensores de DDHH hemos decidido que enfrentaremos el juicio y vamos a demostrar que el mismo está fundado en una acción muy agresiva por parte del Ejército de Honduras en contra de Berta Cáceres”.

El Estado acusa

A todo esto desde la detención por casi 24 horas de Berta la parte acusatoria pasó de ser de la fiscalía del departamento de Santa Bárbara a la propia Procuraduría General de la República, con lo cual es el propio Estado quien asume el enjuiciamiento e Berta y por extensión a su organización.

Martínez explica que el cargo que se le imputa a la luchadora es considerado atentatorio contra la seguridad del Estado y que es el propio gobierno quien ahora maneja la acusación que podría traer graves consecuencias sobre su seguridad personal.

Herencia de golpe

Pero Martínez contextualiza este caso en la herencia de avasallamiento de derechos colectivos e individuales que significó el golpe de estado contra José Manuel Zelaya hace exactamente cuatro años. Desde entonces comienzan “una serie de persecuciones, represiones, en contra de quienes se manifiestan en las calles contra esas decisiones que están consolidando un andamiaje para entregar la riqueza de nuestros territorios a las empresas trasnacionales”.
En ese marco, el perfil más elevado de ese enfrentamiento se da dentro de los territorios indígenas lencas donde asimismo “han tenido una respuesta mucho más fuerte”. “Lo que sucede en el sector de Santa Bárbara es precisamente el celo que tienen los compañeros indígenas que no se entreguen esos recursos a las trasnacionales. Estamos muy próximos a elecciones nacionales y la lucha de verdad es que la oligarquía lo quiere todo para ella y se han creado fuerzas policiales especiales para esas regiones” que Martínez comparó con verdaderos “escuadrones de la muerte” que actuaron ya en Honduras en décadas anteriores. “es por ello que los luchadores sociales corren grave peligro, por ejemplo en el sector de Colón. Y han colocado retenes militares permanentes en las zonas más críticas”.
Todo ello hace, señala el letrado, que el Estado no tenga una actitud objetiva para el juzgamiento del eventual delito y en cambio “se ha adherido para justificar la actuación del Ejército en violación de los procedimientos legales”.

El papel de la solidaridad internacional

Finalmente, Marcelino Martínez señaló que la comunidad internacional tiene un papel trascendente a cumplir en el actual estado de cosas en Honduras. Como abogado, manifiesta su frustración por la “muerte” del Estado de Derecho. “En Honduras se está imponiendo la voluntad de la autoridad política, conformada por los grandes emporios económicos. La ley no tiene aquí imperio, el imperio lo tienen las trasnacionales”, explicó.

En ese sentido, convocó a sumarse a las exigencias que desde la comunidad internacional se han hecho al estado hondureño a ceñirse a las garantías legales y constitucionales, aplicándose las cuales Berta y el COPINH deberían ser eximidos de todo cargo.