Natalia denunció ante el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas, que los movimientos sociales, comunidades locales y defensores de derechos humanos críticos al modelo extractivo son criminalizados por su resistencia. Y que muchas veces la estigmatización es acompañada de violencia directa.

La gira también incluyó la visita a España, país sede de algunas de las empresas como Hidralia SA acusada de generar un verdadero caos social en Santa Cruz Barillas resultado de su proyecto de instalación de un sistema de presas hidroeléctricas que es rechazado por las comunidades organizadas.

Natalia dialogó con Radio Mundo Real en momentos en que se conocía la aparición del cadáver de Daniel Pedro, referente de la lucha en Santa Eulalia, Huehuetenango, tras permanecer desaparecido durante diez días.

La referente de Amigos de la Tierra señaló en la entrevista que se busca denunciar la conducta de las empresas y su vinculación con la violencia contra las comunidades, alentado por el Acuerdo de Asociación (AdA) firmado por Centroamérica con la Unión Europea (UE); agregó que también existen empresas canadienses comprometidas.

En junio de 2011, cuarenta Parlamentarios europeos, de cinco grupos políticos, ya habían denunciado esta situación ante la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton, y hoy, dos años después, la Unión Europea sigue sin pronunciarse públicamente sobre estos hechos.

Un juicio histórico que incide en el presente

Natalia Atz recordó que las oficinas de CEIBA en Huehuetenagngo han sufrido diversos ataques el pasado año, en especial mediante el hurto de informaciones sobre procesos de resistencia a minería y otros megaproyectos; y manifestó que existen órdenes de captura y detenciones arbitrarias contra voceros de esas resistencias como es el caso de Ruben Herrera, detenido injustamente y de quien se reclama la liberación.

Esta semana también en Guatemala prosiguió el juicio por delitos de lesa humanidad contra personeros de la dictadura encabezada por Efraín Ríos Montt en los años 80, lo cual según CEIBA incide con el aumento de la represión como forma de amenazar a toda la protesta social e incidir en la búsqueda de la verdad y la justicia.

La vinculación del terrorismo de estado a los proyectos extractivos en Guatemala se hace evidente a partir de la existencia de fuerzas paramilitares y parapoliciales, además de las propias fuerzas públicas, actuando en torno a la protección de las empresas.

“Se está irrespetando la propia existencia de las comunidades”, señala Natalia en el diálogo con Radio Mundo Real. Natalia participará en los próximos días en la asamblea de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe que se desarrollará en Colombia donde se evaluará el actual mapa de conflictos ambientales en el continente y las distintas experiencias de articulación junto a movimientos sociales en la construcción de resistencias, movilizaciones y alternativas al modelo capitalista.
Foto: Víctor Barro, 2012 (AT España)