En marzo de este año el gobierno peruano otorgó una concesión a la empresa minera Minquest Perú, adquirida por Camino Minerals Corporation -de origen canadiense-, para explotar los recursos de la montaña Siete Colores y alrededores, en la región de Cusco, sin que se realice una consulta previa, libre e informada a los pueblos.

Como consecuencia de la movilización social y de fuertes campañas en redes sociales, en junio el gobierno revirtió la decisión, pero desde la Confederación Nacional Agraria (CNA) exigen que esto quede documentado, ya que hasta el momento han sido manifestaciones de intención por parte de la empresa y de las autoridades.

Antolín Huáscar, presidente de la CNA y coordinador de la articulación de organizaciones indígenas llamada Pacto de Unidad, dialogó sobre este tema con Radio Mundo Real. Detalló que el territorio de la montaña Siete Colores, el mayor atractivo turístico en Cusco, es compartido por dos provincias y “pertenece a dos comunidades, que están en litigio por la propiedad”, un espacio que es considerado patrimonio cultural de Perú.

Esta montaña también es conocida como Winikunka y está “en medio de la concesión minera llamada Red beds 2, que tiene 400 hectáreas”.

El lugar también genera actividades económicas a las comunidades establecidas en su entorno, tanto actividades agrarias como turísticas que, al concesionar las hectáreas para minería, perdería sus atractivos, además de destruir el medio ambiente con la extracción de minerales.

“El Ministerio de Minería desconoció los valores históricos de las comunidades y no realizó la Consulta previa, libre e informada”, se quejó Huascar y agregó que el acuerdo se hizo entre funcionarios de la empresa y del gobierno de Cusco. En este sentido, advirtió que las empresas privadas tienen ex funcionarios que trabajan ahora como funcionarios del Estado: “Aprenden malas mañas [en el ámbito privado] y se colocan en Ministerio de Agricultura, Minería o Cultura y, desde ahí, buscan mecanismos para que las concesiones mineras no tengan observaciones en sus concesiones".

Ante la reacción social contra la entrega del patrimonio cultural y natural peruano, la empresa emitió un comunicado en el que dicen estar “dispuestos a ceder la concesión minera a la entidad correspondiente, de ser el caso, para poner en salvaguarda la integridad tanto del desarrollo cultural y turístico de esta área, como ícono representativo y cultural de nuestro Perú". La CNA quiere que la anulación de la concesión quede registrada oficialmente y que la empresa se retire de la zona.

Actualmente, el 26,5 por ciento del territorio peruano está en manos de comunidades campesinas, que producen la mayoría de los alimentos que abastecen los mercados de las ciudades, informó Servindi: "Más del 70 por ciento son productos de la agricultura familiar que es mayoritariamente comunal". No obstante, el 35 por ciento de las tierras que son propiedad de las comunidades campesinas han sido concesionadas a mineras de capitales canadienses y chinos, principalmente. En total, 14 por ciento del territorio peruano tiene concesiones a mineras, lo que produce ataques de las empresas a campesinos e indígenas que viven y defienden esas tierras, además de contaminar y despojar estos territorios a través de las industrias extractivas.